Ciudad de México 21 de mayo de 2020.- Con el objetivo de disminuir la discrecionalidad y el uso irregular de recursos públicos derivados de las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el Congreso de la Unión un proyecto para cerrar la brecha y los espacios a la discrecionalidad y el desvío de recursos públicos con motivo de las adquisiciones de bienes y prestación de servicios.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González expuso así la iniciativa de su compañera Gloria Romero León, la cual establece que:

“Esta reforma tiene el fin de atender recomendaciones normativas para reducir o eliminar riesgos identificados en áreas claves, detectados en la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación e incorporar dentro de las disposiciones obligatorias de estas leyes, todos los contratos que celebre en las dependencias públicas, con otros entes de carácter público”, expuso el diputado federal.

Recordó que dicho proyecto de ley, serviría para evitar actos, como lo sucedido por el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que en medio de la gran lucha contra la pandemia del COVID-19 y con los recursos limitados en el sector salud, se pretendió lucrar de manera ilegal, abusiva, poco transparente, a sobreprecio y corruptamente con la adjudicación directa de respiradores para hospitales del IMSS.

En el mismo tenor, se refirió al caso Javier Duarte, “ahora, ¿de qué sirve que Javier Duarte esté provisionalmente en la cárcel si no le confiscan los bienes y no se hace una reparación del daño a los veracruzanos? Hoy el sentimiento en Veracruz es de impotencia, de indignación, porque el Gobierno que nos prometió acabar con la corrupción, le está abriendo la puerta de salida de la cárcel, al peor delincuente político de nuestra historia”, expuso.

La iniciativa presentada por el diputado Valenzuela González en nombre de la diputada Gloria Romero León, reforma el párrafo quinto del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público, y se adicionan los párrafos sexto, séptimo y octavo del mismo precepto; y se reforma el párrafo cuarto del artículo 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo de dicho ordenamiento, destaca:

1) Establecer que los titulares de las dependencias, entidades, o cualquier órgano contratante, será quien suscriba los contratos respectivos, de manera personal e indelegable con independencia del procedimiento de contratación que se aplique

2) Precisar que el titular del contratante deberá verificar que el proveedor acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para cubrir el 76% de las operaciones que se realicen al amparo tanto de los trabajos contratados como del importe total del contrato correspondiente

3) Asegurar que la información relativa a este tipo de adquisiciones, se reporte íntegramente en el Sistema Compranet

4) Señalar que todos los procesos realizados mediante este tipo de contratos, deberán realizarse bajo la supervisión puntual de los Órganos Internos de Control, en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y seguimiento de los mismos

5) Prohibir realizar operaciones con proveedores bajo la figura de sociedades en participación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados