Ante el avance del paquete de impunidad del gobernador Javier Duarte en Veracruz, el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exigió la remoción inmediata del priista, para que la transición pueda llevarse a cabo de manera ordenada y pacífica.

En conferencia de prensa conjunta con el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, detalló cada uno de los abusos que componen el paquete de impunidad del saliente gobernador priista, entre ellos el nombramiento de tres magistrados “pro corrupción” del Tribunal Contencioso Administrativo, cuyos perfiles son afines a Duarte y al PRI.

“Ya nombraron a un fiscal general por nueve años y si bien es cierto que logramos detener temporalmente el nombramiento del fiscal anticorrupción, ahora mismo el Congreso local pretende nombrar a quien iba a serlo, Francisco Portilla, de toda la confianza de Javier Duarte, como magistrado. Asimismo, a quien era el asesor jurídico personal de Duarte, Eduardo Tomasín y, tercero, a la expresidenta municipal priista de Minatitlán, acusada de corrupción, Guadalupe Porras”, explicó.

Ricardo Anaya y Miguel Ángel Yunes acusaron también que en los próximos días se pretende basificar a 24 mil trabajadores de confianza de Javier Duarte, que representan mil 500 millones de pesos al año, la mayoría de ellos “aviadores” (que cobran sin trabajar), mientras que por reforma constitucional aprobaron duplicar el presupuesto de distintas instituciones del gobierno del Estado, con el objetivo de dejar las finanzas públicas quebradas para el próximo gobierno.

“Nuestra exigencia es la remoción inmediata de Javier Duarte como gobernador. Solicitamos una intervención decidida del gobierno federal para que así suceda. Estamos convencidos que así es la única manera de garantizar una transición ordenada y pacífica como lo merece el estado de Veracruz”, puntualizó Anaya Cortés al anunciar que buscará reunirse lo antes posible con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para exigirle su pronta intervención ante esta problemática, porque es obligación del gobierno federal garantizar la gobernabilidad en todo el territorio nacional.