Ciudad de México, a 22 de agosto de 2021.- A unos días de que el gobierno del presidente López Obrador presente oficialmente su tercer Informe de Gobierno suman más los distractores, las ocurrencias y el aliento a la polarización de la sociedad que las obras y los resultados efectivos en favor de las familias mexicanas.

Cuando el país está sumido en las graves crisis de inseguridad, corrupción, educación, salud y economía, esta semana concluimos ahora el capítulo de la revocación de mandato, detenido por el capricho de violentar los tiempos del Poder Legislativo y donde, por fortuna, imperó el reconocimiento a la división de poderes, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks.

Fuimos testigos de la fuerza del bloque de contención legislativa y la comprobación de que, si el presidente López Obrador quiere avanzar en sus proyectos, primero tendrá que convencer a la otra mitad de los mexicanos representados en el Congreso de la Unión.

La lección que ha quedado clara atrás de este episodio, dijo, es que la estabilidad política del país no puede estar sujeta al capricho, a la presión o la urgencia del presidente de la República. Los legisladores de cualquier signo político, incluso los que pertenecen al gobierno en turno, tienen la obligación de representar con honor a uno de los tres poderes de la República, por lo que es indigno inclinen la rodilla para acceder a los designios del gobernante.

A la mitad del camino del actual sexenio, los representantes populares son un termómetro de lo que reclama la sociedad para que se conozcan y atiendan los lamentables dramas familiares que se viven a diario por los internamientos hospitalarios y las pérdidas de vidas humanes a consecuencia de los contagios de Covid-19. Y esto no únicamente por la letalidad del virus, sino por la criminal ineficiencia burocrática de nuestras autoridades de salud y su errática estrategia.

Sin embargo, en las pasadas semanas no se ventiló públicamente este drama y en cambio se dedicaron sesiones a definir el desafuero de dos legisladores, uno de MORENA y otro del Partido del Trabajo, cuando esto pudo haberse resuelto en máximo dos días, como finalmente ocurrió.

A lo largo de estos tres años de gobierno han estallado crisis sobre la verdadera naturaleza del régimen pero que el presidente ha atajado con distractores para que se pierdan y no trasciendan.

Abundan ejemplos. Cuando se conoció el otorgamiento de 89 millones de pesos para el estadio de béisbol Guacamayas de Palenque, equipo del que Pío López Obrador es fundador y directivo, el presidente respondió con evasivas y acusó un complot en su contra.

En junio de 2020, cuando el brote de la pandemia por Covid-19 iba en ascenso y bajaba la popularidad presidencial, respondió con la denuncia del Bloque Opositor Amplio (BOA) del que nadie supo su origen, ni siquiera el mismo aparato de inteligencia del gobierno.

Tras el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, desde Palacio Nacional se respondió que sus opositores estaban gestando un golpe de Estado.

Ante el estupor nacional por el asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón, surgió el caso del asilo político al expresidente boliviano Evo Morales.

Para ocultar la torpeza en la compra de medicamentos y el desabasto en el sector salud, se trasladó el error a las empresas farmacéuticas; se les acusó de corruptas y de encabezar un sabotaje en el sector.

Cuando sus aliados políticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantenían bloqueadas las vías del tren en el bajío, generando pérdidas superiores a 1,500 millones de pesos a la sociedad, el presidente dedicó su conferencia mañanera con la presentación de fotografías de vehículos, motocicletas, helicópteros de lujo que se usaron en los gobiernos anteriores.

Frente al lamentabilísimo accidente de la Línea 12 del Metro, o las denuncias de actos de corrupción de miembros del gabinete o de la familia presidencial, desde la mañanera, el país entró a un proceso de sucesión adelantada, o vivimos eternidades con la discusión sobre la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte.

Y así hemos tenido por semanas las promociones de la rifa del avión presidencial sin avión, una fallida Consulta Popular que no estuvo dirigida a enjuiciar a expresidentes, sino a “actores políticos del pasado”; enormes pérdidas de tiempo y del trabajo de los mexicanos en ocurrencias y distractores desde Palacio Nacional.

Por esto, al comenzar la segunda parte de la administración, urge que cesen las ocurrencias, los distractores y que el Ejecutivo rinda cuentas sobre la solución a los agudos problemas que aquejan al país y ponga en marcha las acciones efectivas que solucionen a fondo la crisis económica, del empleo, la pobreza, la salud, la educación, la corrupción y de inseguridad que padecen la inmensa mayoría de los mexicanos.