Ciudad de México, 17 de febrero de 2021.- Acción Nacional votó en contra el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones, por presentar una visión completamente reduccionista de la salud mental, como si fuera una discapacidad social, y que incluye adicciones como si se tratara de lo mismo, lo que fomenta estigma y discriminación.

Acción Nacional afirma que la reforma propuesta, no considera el derecho al consentimiento informado en el internamiento de una persona adicta para su tratamiento, previsto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Al dar el posicionamiento del Partido Acción Nacional, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba agregó que los legisladores de Morena y sus aliados, con este dictamen, además de ser ciegos, están sordos, al no escuchar, dijo, “a miles de mexicanas y mexicanos que, en algún momento de vulnerabilidad en sus vidas, presentan un problema de salud mental y de otros cientos de miles que sufren adicción, padecerán las consecuencias de este dictamen. En la práctica los van a encasillar a un trato que los estigmatiza, los discrimina y, sin lugar a duda, vulnerará sus Derechos Humanos”.

Desde vía remota, el también doctor Éctor Jaime Ramírez, aseveró que el dictamen no justifica los cambios que introduce a la ley, por lo que genera serias dudas sobre su alcance e implicaciones, como proponer que la atención a la salud mental y las adicciones se consideren, incluso en la misma fracción de la salubridad general como si se tratara de lo mismo, con absoluta visión reduccionista de un problema que es mayúsculo.

La salud mental, explicó, implica un amplio espectro de determinantes individuales, sociales y ambientales a lo largo del ciclo de vida y circunstancias como las que vivimos en la actualidad, con una crisis sanitaria, económica, de seguridad y de gobernanza que generan diversos cuadros de estrés y depresión y derivan en problemas de salud mental; ninguna persona está exenta, sin distingo de educación o riqueza.

“Los hechos son contundentes, 3 de cada 10 mexicanos manifestaron sentirse deprimidos, dos de cada 10 presentan al menos un trastorno mental y solo 1 de cada 5 recibe tratamiento y los recursos necesarios para su atención, los cuales brillan por su ausencia en la minuta”, explicó el diputado panista.

Asimismo, recordó que el cuarto transitorio de dicho dictamen, señala que no habrá un peso más para tratamientos, para que se establezcan las redes de salud, “no hay para prevención, no hay para líneas de primera atención, no hay líneas para reforzar los recursos humanos”, refirió.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Sarai Núñez Cerón, al asegurar, que en este dictamen, se confirma una vez más, que existe falta de conocimiento e insensibilidad sobre la materia que se busca regular, en este caso, la salud mental.

Preocupa, dijo, porque el dictamen observa recurrentemente por parte del Ejecutivo Federal y su partido Morena, una falta absoluta de seriedad, responsabilidad y sensibilidad a las necesidades que la población requiere en materia de salud.

La diputada panista reprochó que el dictamen no consideró las múltiples observaciones de expertos y organizaciones y colectivos en Parlamento Abierto ni las demás iniciativas presentadas por otros grupos parlamentarios, ni se discuten y mucho menos integran al decreto; peor aún, no incluye un presupuesto para que se haga efectivo contar con tratamientos de calidad públicos, gratuitos y basados en evidencia, así como presupuesto etiquetado para que en el primer nivel de atención se cuente con especialistas, unidades y personal de salud suficientes para toda la población que quiera atender un problema de salud mental o para las personas con uso problemático de sustancias.

Por último, el diputado Marco Antonio Adame Castillo, agregó que para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, este dictamen, es una “tremenda irresponsabilidad”, ya que en medio de una crisis tan profunda como la pandemia, con un sistema de salud totalmente rebasado por todas las demandas sanitarias que se derivan de esta crisis y que han sacado a la luz la falta de capacidad para responder con abasto de medicamentos, con especialistas, con acciones integrales de equipos multidisciplinarios para temas relacionados con la pandemia, ahora se agregan los temas relacionados con las afectaciones sociales que esto genera y la necesidad de darles una atención adecuada, con qué presupuesto y con qué recursos.

“Insistimos en que se deben definir recursos no solamente para la atención directa a los pacientes, apoyo a sus familias y para hacer frente al estrés social que provoca una enfermedad mental en el seno familiar y en el seno comunitario”, refirió desde vía remota.

Para finalizar, Adame Castillo, invitó a Morena y sus aliados a hacer un alto en este planteamiento, ya que la respuesta dijo, debe ser responsable, seria, con sustento técnico, científico y financiero De otra manera, “sería una tremenda irresponsabilidad y no se conseguiría el objetivo de dar un apoyo a las personas que más lo necesitan, en este caso, las personas con enfermedades mentales”, concluyó.

Se rechazó admitir a discusión la reserva del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, para agregar un artículo transitorio al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones.

El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.