Ante las acciones de gobierno anunciadas por Donald Trump, con eventual impacto en México, se requiere de un plan integral inmediato que incluya no sólo las decisiones del Gobierno federal, sino que tome en cuenta el consenso y la más amplia participación de sectores de la sociedad.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), la prudencia con la que ha actuado hasta ahora el Ejecutivo federal es positiva, al no sobrerreaccionar ante los efectos negativos de los mercados financieros y de divisas, por la victoria de Trump, pero esto no debe derivar en un optimismo precipitado, ni en respuestas aisladas, pasivas o reactivas en temas como migración, diplomacia y comercio.

Hoy más que nunca se requieren de políticas de Estado que pongan en el centro de atención los intereses de los mexicanos, tanto en el país, como en el extranjero, específicamente, en Estados Unidos.

Las promesas de campaña de Trump de construir un muro en la frontera con México, de deportar a más de dos millones de inmigrantes ilegales y de cancelar las visas a los países extranjeros que no los reciban de vuelta, requieren de una estrategia inmediata de protección y apoyo consular, y de largo plazo, que permita aprovechar capacidades y mano de obra calificada.

Al respecto, resulta encomiable el reciente acuerdo entre el sector privado y el Gobierno federal para generar condiciones que permitan incorporar al mercado laboral  a los miles de mexicanos que pudieran ser repatriados por la administración de Trump.

Por otro lado, la nueva agenda en la relación de México y Estados Unidos, a partir del diálogo anunciado entre los equipos del Gobierno federal y Donald Trump, requieren de la consulta y opinión del Senado de la República, representación que tiene, constitucionalmente, la facultad exclusiva de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal.

La intención del presidente electo de Estados Unidos de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) y de retirar a su país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), obliga a la administración federal a explorar opciones comerciales y buscar y mantener alianzas con las empresas estadounidenses que hacen negocios con México y que hoy se benefician con aquel acuerdo comercial.