Ciudad de México.- Mauricio Tabe, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México advirtió que existe un Plan de Sabotaje en la capital propiciado por simpatizantes o personajes ligados a Morena que buscan desestabilizar y crear un clima de enojo entre los ciudadanos lucrando con la escasez de agua potable.

Luego de que en días pasados autoridades locales detectaran el cierre intencional de válvulas de agua en distintas zonas de la ciudad, Tabe afirmó que recientemente iniciaron una campaña de desinformación en Benito Juárez, a través de llamadas telefónicas vía un call center, donde se busca imputar a la anterior administración y al actual Jefe Delegacional en esta demarcación, Christian Von Roehrich por el desabasto de este servicio.

“Es totalmente falso, cuando todos sabemos que es suministrado por el Gobierno de la Ciudad a través del Sistema de Aguas”, subrayó.

Por ello, interpuso el día de hoy ante la Procuraduría General de Justicia capitalina una denuncia penal contra quien resulte responsable para que se investigue el cierre de válvulas de agua en 50 puntos de seis delegaciones en la ciudad, así como la campaña de desinformación orquestada en la Delegación Benito Juárez.

Señaló que la denuncia refiere delitos de sabotaje, al causar una situación de transtorno social, político y hasta económico; así como de posible asociación delictuosa, al cometerse en distintos puntos de la ciudad y de coalición de servidores públicos, al existir indicios de que quienes lo cometieron conocían el mecanismo con el que operaba este sistema.

Mauricio Tabe dijo que no se quedarán cruzados de brazos y serán coadyuvantes del Ministerio Público para que no quede impune este delito, que busca crear irritación entre la gente e incidir claramente en el ánimo electoral.

“Si se trata de personajes o simpatizantes ligados a este partido, no están afectando a un gobierno o a un partido, están tomando como rehenes a los ciudadanos y les decimos a estos secuestradores de servicios públicos que los denunciaremos”, advirtió.

Explicó que las sanciones por los la comisión de los tres delitos antes referidos pueden ser de hasta 30 años de prisión, una multa de más de 114 mil pesos, además que de comprobarse la participación de algún servidor público, podría castigarse con la destitución y/o inhabilitación para ocupar algún cargo público.