Ciudad de México 11 de noviembre de 2020.- La diputada Adriana Dávila Fernández y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una denuncia de hecho en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien o quienes resulten responsables por el robo de medicamentos oncológicos el pasado 4 de octubre en las instalaciones de la empresa NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V., en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Acompañada por 32 firmas de legisladoras y legisladores del PAN, el documento presentado ante el Ministerio Público de la Federación advierte conductas negligentes y omisiones por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Lo anterior derivado de lo dicho por el titular de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, durante su comparecencia en el Senado de la República, donde admitió que si tardaron cinco días en emitir la alerta sobre el robo de medicamentos oncológicos fue porque se estaba integrando el expediente en la FGR.

De acuerdo con Dávila Fernández y Ramírez Barba, hay inconsistencias entre lo que ha dicho la autoridad sobre el robo de esos medicamentos. En primer lugar, cuestionan en la denuncia ¿cómo se adquirió el medicamento y cómo se importó a México?, pues ninguna de las marcas mencionadas en el comunicado de Cofepris cuenta con un registro sanitario en nuestro país, ni a nombre del laboratorio mencionado, ni del fabricante, ni del laboratorio argentino Kemex.

¿Por qué se encontraba en el almacén de un particular? Y explican que si el producto tenía la condición “especial” porque la Cofepris le dispensó el registro sanitario. Estos fármacos debieron permanecer resguardados en alguna instalación del gobierno, con todas las medidas de seguridad hasta no estar liberados con el registro correspondiente, en lugar hacerlo con un particular.

¿Por qué el almacén privado no era resguardado por las Fuerzas Armadas? Además de la pandemia, un gran problema de salud en esta administración ha sido el abasto de los medicamentos oncológicos. Se trata de un tema altamente mediático y con un importante impacto político. ¿Cómo es posible que semejante cantidad de virales estuviera sin protección oficial?

En el escrito presentado en la FGR también cuestionan si el almacén privado cuenta con las condiciones adecuadas para resguardar medicamentos oncológicos, los cuales requieren de condiciones especiales de resguardo, como temperaturas y rangos de humedad precisos.

“No sabemos si este almacén los tenía. Si algo debe prender los focos de alarma es la decisión gubernamental de improvisar un “distribuidor nacional”, sin el conocimiento logístico ni la capacidad probada de administrar una “cadena fría” como las empresas de clase mundial”, señalan.

Además, preguntan qué se sabe sobre los análisis de control de calidad del producto, porque si Cofepris autorizó su importación sin registro, debieron haberse realizado pruebas de calidad (estabilidad, concentración de fármaco, pureza o contaminación, empaque, etc.), de las cuales no se tienen conocimiento si se hicieron.

Dávila Fernández y Ramírez Barba, así como las y los 32 diputados panistas precisan que todos estos aspectos denotan conductas irregulares que afectan seriamente el derecho a la salud y al erario federal, razón por la que determinaron presentar la denuncia de hechos.

Por ello, exigieron se realicen las investigaciones correspondientes y, en su oportunidad, se ejerza la acción penal correspondiente.

Además, solicitaron que con el propósito de garantizar una correcta investigación, sin la interferencia de las autoridades, se dicte medida cautelar de la suspensión en el cargo del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; del titular de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, y del titular del INSABI, Juan Ferrer Aguilar.