Toluca, Estado de México noviembre de 2019.- En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, diputados panistas presentaron iniciativas para aumentar las penas de prisión en una mitad cuando una violación, abuso o acoso sexual ocurran en el transporte público, así como para establecer penas de cinco a 10 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado a quien hurte en una unidad económica del sector comercio, industrial o de servicios, y que este delito se califique como grave.

Con la primera iniciativa, las sanciones por abuso sexual aumentarían, de suceder en el transporte público, de cuatro a ocho años de prisión y de 10 a 30 años si es contra menores de edad; en tanto que para los casos de violación, el castigo máximo pasaría de 20 a 40 años de prisión.

La violación y el abuso y acoso sexual son los delitos que con mayor frecuencia padecen las mujeres en el transporte público, y que incluso en 2018 el Estado de México fue la entidad del país en la que más delitos de esa índole se cometieron; además recriminó el incremento de estos delitos en los últimos cuatro años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): 970% el abuso sexual, 84% el acoso sexual y 477% la violación.

En la entidad, según encuestas de la Secretaría de Movilidad, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual de las mujeres en el transporte público se concentran mayormente en la Zona Metropolitana del Valle de México y en el municipio de Toluca, donde 87% de las usuarias del transporte público dijeron haber padecido miradas libidinosas; 52%, piropos obscenos; 56%, empujones; 59%, manoseos; 18%, fotos sin consentimiento, y el 20%, persecuciones sexuales.

La diputada Karla Leticia Fiesco García propuso que el robo a negocio se sume al catálogo de delitos graves para eliminar los beneficios legales que actualmente prevé la normatividad, además de incrementar la penalidad y generar acciones coordinadas de las autoridades y los negocios para inhibir el ilícito, ya que su incidencia ha crecido y las víctimas pocas veces denuncian debido a las presiones y amenazas que reciben de los delincuentes.

Al recordar que 50% de los robos a negocio son con violencia, la diputada indicó que su iniciativa también propone facultar a los ayuntamientos para generar políticas públicas enfocadas en implementar acciones y estrategias coordinadas entre el ámbito público y el privado, a fin de prevenir y, en su caso, erradicar el robo a negocio.

Dado que en 2018 la Ciudad de México y esta entidad registraron la mayor proporción de ilícitos y 40% de su población fue víctima de alguno (según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía), y que el robo a negocio con y sin violencia en el estado creció, de enero a septiembre de este año 61% respecto al mismo periodo del 2018 (de acuerdo con el SESNSP), la legisladora dijo que no hay estrategia eficaz en la materia, por lo que es necesaria la coordinación entre los tres niveles de gobierno para encontrar soluciones.

Para su dictamen, ambas iniciativas fueron turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito.