Por Alejandro Díaz.- Después de suspender la distribución de gasolinas, de medicinas, de apoyos a académicos y a atletas, inclusive del gas, ahora busca inhibir la generación limpia de energía. Apoyándose en argumentos que podrían ser válidos si tuvieran sustento, el inquilino de Palacio parece intentará nuevamente alterar, para mal, la vida nacional vía un decreto de reforma constitucional en materia eléctrica.

Dice ir contra la corrupción, disque abaratar la energía eléctrica, evitar el ‘saqueo’ de particulares e inhibir la ‘deuda neoliberal’. En realidad sólo está pretendiendo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa del público consumidor y de paso ayudar a PEMEX. La CFE cumplió su cometido de llevar el fluido eléctrico a todos los rincones del país, pero no ha sabido aprovechar su monopolio en transmisión al dejar de invertir en mantenimiento y tendido de nuevas líneas. Si no tiene recursos para hacerlos, menos tendrá para instalar nuevas plantas, lo que limitará sin duda la futura industrialización. Adiciona inexplicablemente al decreto la nacionalización del litio, mineral apreciado para construir baterías que se utilizarían para mover vehículos eléctricos.

Su iniciativa de reforma constitucional reserva al Estado “la producción del 54% de la energía eléctrica”, pero en esencia propone una regresión de medio siglo. Como si el mundo se conservara siempre igual y no hubiera cambios en métodos de generación limpios y eficientes. Como si el gobierno federal tuviera suficientes recursos para no requerir inversiones privadas. Como si México no necesitara de más energía eléctrica a precios competitivos hoy, y en el futuro.

Al regresar al pasado, las energías más limpias y de menor costo de generación (300 plantas en todo el país) tendrían que hacerse a un lado para que la CFE siga contaminando el ambiente al quemar combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo). Olvida que hace 25 años el Estado Mexicano decidió emplear los recursos del contribuyente para reforzar Salud, Educación y Seguridad permitiendo que particulares invirtieran en las nuevas plantas eléctricas. Desde entonces han proliferado las instalaciones de generación eólica y solar por todo el país.
Dejar de utilizar las fuentes modernas eólicas y solares encarecerá el suministro eléctrico al público, tanto a hogares como a industrias y a comercios. Lo más grave es que limitará la producción eléctrica en el futuro: Sin que haya iniciado la discusión en el Congreso ya inhibió inversiones que por lo menos se pospondrán, limitando la disponibilidad en los años por venir.

Adicionalmente la iniciativa omite el impacto ecológico y muestra el camino contrario respecto a los compromisos que adquirió México para limitar el cambio climático (Paris, 2015). En vez de avanzar en energías limpias, prefiere el aumento del uso de combustibles fósiles, petróleo y carbón, quizá es porque son los que conoce el inquilino. Sin rubor desdeña los compromisos internacionales adquiridos, a él sólo le interesa pasar a la historia con una propuesta de grandes dimensiones, como ésta.

Ese inquilino de Palacio sabe las dificultades para que su iniciativa sea aprobada ya que no cuenta con suficientes votos en las dos cámaras del Congreso, pero puede servirle para sus distracciones mañaneras. Aunque sabemos que intentará comprar votos de legisladores de la oposición, es de dudarse que ni aún así sea aprobada. Y si llegara a pasar, con seguridad se enfrentaría a demandas internacionales por violación a los tratados firmados y ratificados. Mejor haría en retirarla.

De todo lo que incluye la iniciativa sólo podría ser de utilidad lo referente al litio, mineral que puede llegar a tener importancia estratégica por su uso en nuevas tecnologías. No tiene nada que ver con la CFE ni con PEMEX por lo que sería mejor presentarla, y discutirla, por separado.

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