Al triunfar la legalidad triunfó la vida del nonato
Salvador I. Reding Vidaña.- La lucha de los partidarios de la cultura de la muerte, que están en todo el mundo, en México buscan por todos los medios a su alcance que se despenalice el aborto (que llaman “interrupción del embarazo”), para que cualquier embarazada que no esté a gusto con ello, pueda matar al hijo en su vientre sin sufrir penalización alguna. Y lo mismo valdría para quienes le practiquen el mismo, médicos y otro personal, todos libres de castigo, y ganando mucho dinero, aunque en la legislación penal sea un delito.
Para cualquier efecto, el eliminar la penalización de la llamada interrupción del embarazo, es en sí una forma de legalización del aborto. No haber pena es equivalente, en la práctica, a hacerlo legal, aunque esté tipificado como delito. Es dar lugar al libertinaje de asesinar a una persona nonata sin problema alguno. Y de paso, es liberar a los negocios abortistas a tener mucha clientela y ganar mucho dinero sin problema legal alguno.
En el estado de Veracruz, la legislación penal sigue castigando a quienes cometan el delito del aborto, aunque sea con penas mínimas no carcelarias, así que no faltaron quienes intentaron obligar al Congreso local a que cambiara la ley y despenalizaran el aborto hasta la semana doce de gestación. Como no lo lograron, solicitaron un amparo para que la Justicia federal obligara a dicho Congreso a cambiar la ley. Y un juez federal se los concedió, pero el asunto pasó a revisión a la Suprema Corte, en donde el ministro de la Primera Sala, Juan Luis González Alcántara, preparó un proyecto para que dicha Sala confirmara el amparo. Un proyecto lleno de contradicciones jurídicas y argumentos absurdos.
Pero no fue así, dicho proyecto proabortista fue rechazado por los otros cuatro ministros de dicha Sala, que votaron en contra. ¿Por qué? Por razones estrictamente jurídicas, evitando que el poder judicial federal invadiera las facultades del poder legislativo, en este caso del veracruzano. Ni siquiera quisieron en su discusión entrar “al fondo del asunto”, pues el proyecto iba en contra de la división de poderes. Así, al ganar la legalidad, ganó la vida.
Previamente a la sesión de esa Primera Sala, los alegatos de abogados, legisladores, académicos y dirigentes políticos, fueron argumentos firmes diciendo que tanto el amparo a revisión como el proyecto del ministro González Alcántara eran inconstitucionales. En la reunión de la Sala, hablaron dos ministras en ese sentido, la ministra Norma Piña que presentó los debidos argumentos y la respaldó la ministra Margarita Ríos-Farjat. Los dos ministros varones, como las ministras, simplemente votaron en contra del proyecto.
Sí, ganó la legalidad con el apego estricto a la división de poderes constitucional, los argumentos en contra del proyecto del ministro González Alcántara eran irrebatibles. Igualmente lo eran los alegatos previos de quienes se oponían, con la Constitución en la mano, a ese intento abortista de obligar a un congreso local a legislar en un sentido u otro.
Y bien, ganó la vida porque ganó la legalidad, que prevaleció en la SCJN, Primera Sala. Si los ministros que negaron el amparo estaban a favor de la vida o no, no lo mencionaron. Pero es de suponer que la enorme presión social manifestada a favor de la vida haya sido un factor influyente en la intervención de la ministra Norma Piña y el voto de los otros tres ministros votando en contra del proyecto de González Alcántara.
Pero hay que ir al principio de todo esto. Los partidarios del aborto efectivamente luchan en contra del derecho a la vida, argumentando un supuesto derecho, inexistente en la legislación nacional y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, a favor de la mujer, para justificar que aborte sin penalización alguna. Y van más lejos, quieren que en las leyes se incorpore un “derecho” de la mujer a abortar, hablando de un derecho a la salud, cuando el embarazo no es una enfermedad que sea problema de salud para nadie.
Como en la sociedad, y en los medios de los poderes judiciales y aún en los legislativos, locales y federales, hay quienes no tienen el menor respeto a la vida del nonato, y aceptan que se le pueda matar por decisión de la embarazada, los argumentos a favor del derecho a la vida y de su inmenso valor, les tienen sin cuidado. Por esa razón, es importante enfrentarlos con argumentos estrictamente legales, para defender el derecho primigenio a la vida, conforme a los tratados internacionales ratificados por México, y con alegatos como los que se presentaron en este caso de estricto apego a la Constitución federal y a la local.
Sí, ganó la vida porque ganó la legalidad, que prevaleció en la SCJN, y podemos pensar que la enorme presión social por la vida y por el respeto al Derecho tuvo un papel importante. Y ante los proabortistas que perdieron una batalla y perseverarán en su lucha pro muerte, la defensa de la vida del nonato y del enfermo al que desean matar por eutanasia, debe continuar firme, fuerte y sin descanso.