Baja California Sur 17 de marzo de 2020.- El presidente de Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Carlos Rochín Alvarez, calificó lo acontecido este día en el Congreso del Estado, como un “espectáculo vergonzoso” por parte de diputados y diputadas de Morena, que demuestra una nueva falta de respeto a la ley, a las instituciones y a la ciudadanía que alguna vez votó por ellos como sus representantes.

“No es posible que tras la suspensión de actividades decretada por la diputada Daniela Rubio Avilés, presidenta de la Mesa Directiva, con motivo de la contingencia que se vive en todo México por el Covid-19, las diputadas y diputados de Morena hayan decidido, por su cuenta, continuar una sesión suspendida y aprovechar la ausencia de diputados de otros partidos, para intentar nuevamente hacer cambios en comisiones, la junta de gobierno y la propia mesa directiva”, explicó Rochín Alvarez.

“Lo hicieron fuera de la ley y con las porras de los transportistas que llevaron al Congreso del Estado”, señaló el panista Rochín Alvarez, con lo que queda evidenciado, dijo, el cobro de una factura política, a lo que recordó la negativa de Morena de aprobar la nueva ley de movilidad el año pasado. “A cambio de eso, los transportistas serán su carne de cañón”.

“Quieren dar un golpe de Estado a nivel legislativo”, dijo el líder del PAN, a lo que agregó que “lo que desean en Morena es el poder a toda costa pues su ambición no tiene límites”, destacando también que en este nuevo intento del golpe legislativo, desobedecieron un mandato del Tribunal Estatal Electoral, en donde actualmente se desahogan diversas demandas por violencia política en razón de género cometida en agravio de diputadas y trabajadoras del Congreso.

Ya el tribunal (electoral) había dictado medidas cautelares para proteger los derechos de diputadas y trabajadoras, pero a Morena parece importarle poco lo que digan los tribunales, recalcó Rochín.

Para finalizar, el líder panista lamentó que sean los propios diputados y diputadas de Morena quienes desprecien, además de la legalidad, las medidas dictadas por el Congreso para facilitar la dispersión social en tiempos donde hay que propiciar medidas de prevención de contagios en una contingencia generada por la propagación del Covid-19.