Desde la Asociación Nacional de Alcaldes solicitamos al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación la implementación urgente de un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo.

De 2006 a la fecha (julio 2016) han sido victimados 40 alcaldes en funciones, 7 electos y 32 ex – alcaldes, dando un total de 79. Estas cifras contemplan los recientes atentados en las últimas horas de Ambrosio Soto Duarte, Presidente Municipal de Pungarabato, Gro., y Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chis.

En la ANAC hemos realizado una clasificación de zonas de riesgo para ser alcalde. La Zona A (Riesgo muy alto), Zona B (Riesgo alto), Zona C y Zona D (Riesgo bajo).

De acuerdo con esta clasificación los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas. El propósito de lo anterior, incluiría otros indicadores como el de amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, es determinar el grado de protección que requieran los Alcaldes y conforme a ello, establecer los recursos económicos, humanos y materiales que deben incluirse por zona y en especifico a quienes lo necesitarán, también a sus ciudadanos.

Los alcaldes que integramos ANAC proponemos la implementación de un protocolo que además contribuya a generar bases sólidas para la profesionalización de los responsables de la seguridad de los munícipes, promoviendo la ayuda subsidiaria de los distintos órdenes respetando las atribuciones cada uno respectivamente.

Que permita dotarlos de equipamiento, inteligencia policial y tecnología de última generación que contribuya a responder ante cualquier situación que en este caso ponga en peligro a los munícipes, pero también resguerde a los ciudadanos. No olvidando que es importante impulsar y promover la capacitación de los elementos.

Además de esto el Gobierno Federal debe apoyar a los municipios con recursos asignados para la seguridad, ya que, por mencionar un ejemplo, en la actualidad son solo 300 municipios que tienen acceso al subsidio para la seguridad pública, denominado FORTASEG; sin embargo al no ser suficiente el recurso otorgado proponemos la creación de un Fondo especial para la protección de alcaldes de los municipios que tienen antecedentes de amenazas y/o asesinatos de alcaldes electos, en funciones o ex alcaldes de acuerdo a las zonas de riesgo descritas anteriormente.