Ciudad de México, 17 de mayo de 2020.- Ante la incompetencia, el manejo ideológico y tratar de rescatar por decreto a Pemex y CFE de sus muy serios problemas económicos, es necesario el reemplazo inmediato del gabinete energético del país encabezado por la secretaria Rocío Nahle García y los directores Manuel Bartlett Díaz y de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza.

Así lo manifestó el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, quien calificó el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional como la primer auténtica estatización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que más allá de la cadena de irregularidades para la entrada en vigor de la medida, una de las más graves y directas afectaciones sobre la población mexicana es el desplazamiento de la generación limpia de electricidad para regresarnos al carbón y el combustóleo, altamente contaminantes.

El líder parlamentario enfatizó también que una vez más se vuelve a atropellar el Estado de Derecho y la certidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros que enfrentan la incongruencia de que todo lo que acuerdan en un contrato se puede venir abajo de la noche a la mañana.

Por si no fueran suficientes los casos del Aeropuerto de Texcoco y de la Cervecera Constellation Brands, ahora se elimina la posibilidad de instalar plantas de energía limpia como la eólica y la solar, que resultan más baratas y sin impacto al medio ambiente, comprometiendo a México en los acuerdos internacionales.

Romero Hicks destacó el desaseo habido el fin de semana para obligar a que el acuerdo mencionado fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación sin cumplir con el obligado requisito de evaluar el impacto regulatorio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Esta arbitrariedad, presionada por la secretaria Rocío Nahle provocó, incluso, la salida de su titular, César Hernández.

Asimismo, ha generado la preocupación y protesta de las embajadas de Canadá y las 19 naciones que integran la Unión Europea, advirtiendo que se ponen en riesgo inversiones por más de seis mil 500 millones de dólares por parte de las empresas de sus países que están en México. El mismo viernes solicitaron reuniones urgentes con la secretaria de Energía.

Los diputados del PAN que forman parte de la Comisión de Energía: Hernán Salinas, Ángeles Ayala, Justino Arriaga, Mario Alberto Ramos, José Del Carmen Gómez y Armando Tejeda sostienen que, de acuerdo a los especialistas, la autoridad mexicana adopta medidas como ésta para tratar de garantizar la solvencia de la CFE y Pemex que ante la pandemia del coronavirus han visto disminuidas sus ventas al no poder competir con los precios de la energía limpia y, al mismo tiempo, no saber qué hacer con el exceso de combustóleo acumulado por la petrolera nacional.

Las prohibiciones que establece el acuerdo vigente desde el sábado pasado constituyen una auténtica estatización toda vez que la Secretaría de Energía asume totalmente el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones en energías limpias o renovables.

De igual forma se imponen pruebas y limitaciones para las nuevas centrales de generación de energía a través de métodos renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe construcciones en lugares que se consideren congestionados o con poca capacidad de transmisión.