Ciudad de MéxicoLos derechos de los usuarios al contratar servicios de transporte mediante aplicaciones móviles deben estar incluidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), y las empresas que los ofrecen ser corresponsables de la actuación de sus asociados, para evitar casos como el de la joven Mara Castilla, quien fue asesinada en Puebla por un chofer que laboraba para una de esas aplicaciones, señaló el senador Jesús Santana García.

“Esta iniciativa busca garantizar la seguridad de nuestros seres queridos y la propia; hacer que cumplan con lo que ofrecieron en sus inicios: operadores seleccionados con procedimientos muy rigurosos, unidades en óptimo estado y honestidad. Todo esto se ha ido perdiendo”, expuso.

Los casos de delitos de conductores asociados a estas aplicaciones en México se unen a los reportados en muchos otros países, además de los escándalos y problemas que enfrentan las empresas actualmente, lamentó el senador.

Las apps de transporte privado se han vuelto tema recurrente este año por haber sido epicentro de noticias lamentables que están vinculadas con delitos de acoso, asalto y hasta asesinatos cometidos por los choferes que forman parte de su plataforma, indicó Santana García.

Una de las fases más críticas del servicio, abundó, es la contratación de los conductores que brindan el servicio a sus clientes y es un encargo implícito que los administradores de las plataformas apliquen un riguroso proceso al personal para posibilitar el contacto con el público.

“Sin embargo, todo indica que no es así. Llegaron como una gran opción de servicio de transporte con mejor atención, seguridad y precios más accesibles, que al cabo de los años se han visto envueltas en denuncias por delitos como violaciones sexuales, cometidos por choferes de esas unidades a pasajeras”, lamentó.

Por ello, el legislador panista presentó una iniciativa para definir a estas personas morales como “Empresas de Servicio Privado de Transporte mediante Plataformas Tecnológicas”, sujetándolas a la legislación mexicana y dando facultades a la PROFECO para actuar en defensa del usuario.

Asimismo, la propuesta del senador por Aguascalientes busca que las empresas sean corresponsables a estas plataformas por la seguridad del usuario y por la confiabilidad, habilidad, e idoneidad de los prestadores de servicio (operadores, choferes).

Se obligará a estas empresas o plataformas a validar sus contratos de adhesión ante la PROFECO, y deberá haber un registro de sus choferes, resaltó.

Con esta propuesta, detalló, las empresas que ofrezcan estos servicios tendrán la obligación contar con un domicilio fijo en México y habrá un registro obligatorio de las plataformas, empresas y operadores asociados a ellas.

Dicho registro deberá contener domicilio, teléfono de contacto, RFC, antecedentes y demás elementos que permitan la ubicación e identificación de las empresas y de los prestadores del servicio, agregó.

Las reformas planteadas por el senador Santana García obligarán a que las plataformas de transporte privado sean responsables por la capacidad, habilidad y seguridad de los operadores de las mismas y, en caso de que se cometa un delito, sean responsables solidarias, afirmó.

Señaló que en sus documentos de condiciones y términos de uso de estas plataformas digitales, las empresas no asumen ninguna responsabilidad por lo que pueda sucederle a los usuarios durante el viaje o la transacción.

Actualmente, si un conductor de estas empresas tiene un accidente de tráfico que provoca lesiones a los usuarios, éstos no pueden reclamar nada a la compañía, explicó.

“O como ha ocurrido en ocasiones, si un conductor decide que en lugar de llevarnos a nuestro destino lo que va a hacer es llevarnos a un descampado para atracarnos, tendremos que conformarnos con denunciar al conductor en cuestión, ya que previamente hemos aceptado que estas empresas no asumen ninguna responsabilidad de lo que pueda pasarnos”, expuso.

Se trata, dijo, de que los usuarios tengan confianza al utilizar estas plataformas y que, en caso de ser víctimas de algún delito, la autoridad cuente con los elementos legales para intervenir en su defensa.