El lunes de esta semana, 31 de marzo, dio inicio la que es quizá la mayor farsa en la historia, más que bicentenaria, del país. En verdad resulta no sólo difícil sino imposible encontrar otra que la supere. ¡Y vaya que las ha habido!

Se trata del proceso para elegir —sólo por lo que corresponde al ámbito federal— a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados integrantes del llamado Tribunal de Disciplina Judicial (de corte claramente inquisitorial), también a los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral, así como a los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y colegiados de apelación y, finalmente, a los integrantes de los juzgados de distrito.

En total, el votante recibirá media docena de boletas, tamaño media sábana, en las que aparecerán casi novecientos nombres de otros tantos candidatos, cada uno con su respectivo número de referencia, que será el que el ciudadano utilice para hacer “la marca o asiento” (así lo llama la ley, asiento, como si se tratara del registro de un movimiento contable), para indicar los candidatos a los cuales otorga su voto.

¡Casi novecientos candidatos! Y solo por lo que hace a la elección federal. Más quizá otros tantos candidatos en los estados que asimismo tendrán elecciones judiciales para la integración, por esta vía, de sus nuevos tribunales y juzgados locales.

De locura. ¿Puede alguien en su sano juicio asegurar que los electores tendrán el tiempo, el ánimo, la disposición personal para conseguir y analizar con detenimiento la información relativa a cada uno de los novecientos candidatos y, en el caso de entidades con elecciones judiciales locales, tal vez a un mínimo de mil quinientos? Ni remotamente.

Y un voto que no es informado ni resultado de la reflexión y análisis, no corresponde a un ejercicio democrático. Es burla, farsa, mofa, que lamentablemente pagarán muy caro el país y su vida institucional.

Tanto más costosa en términos históricos, cuanto más tiempo tarde en terminar esta burda mascarada.

Peor aún. Vamos a suponer que entre los candidatos que aparecerán en las boletas electorales el próximo 1 de junio, mil o los que sean, hubiere un número adecuado de juristas de elevado perfil, por sus conocimientos, experiencia, prestigio, honradez, alto sentido de responsabilidad y trayectoria profesional impecable; quizá valdría la pena que el votante común se diera a la tarea de dedicar varias horas de su día a analizar los datos curriculares y la semblanza personal de 15 a 20 candidatos por jornada. Porque pocos, muy pocos, serán los nombres “que le suenen” al ciudadano, y cuando les resulten “familiares”, será más bien porque se trate de personajes descalificados, y no precisamente conocidos por su prestigio personal.

El anterior ejercicio carece de sentido si además se tiene presente que más de las dos terceras partes de los candidatos que han llegado a las boletas ha sido a través de un procedimiento tortuoso, que jugó con los nombres, que infló —y luego desinfló— listas, que descalificó a aspirantes por considerarlos no afines políticamente y terminó en una infame tómbola.

Para llevar a cabo estas que llaman las primeras elecciones judiciales, el pasado 14 de octubre se adicionó un libro noveno a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, libro que consta de 41 artículos y nueve transitorios, para regular este proceso comicial, cuya campaña electoral propiamente dicha arrancó el lunes pasado.

Desde ahora y hasta el próximo 1 de junio será necesario darle seguimiento a dicha elección judicial. Veremos en el curso de tal proceso que aflorarán las pifias, improvisaciones, fallas y torpezas en las que necesariamente se incurrirá, no sólo por haberlo legislado al vapor, sino por lo grotesco en sí de la reforma judicial que lo originó.