La iniciativa de reforma electoral no es, como pretende el discurso oficial, un ejercicio de austeridad o de profundización democrática. Por el contrario, representa un nuevo paso en el desmantelamiento de los contrapesos que tanto costó construir en México, con el objetivo de concentrar el poder en una sola fuerza política y debilitar a una oposición que hoy lucha por sobrevivir en un terreno cada vez más desigual. Es el retorno al partido de Estado.

El aspecto más alarmante de esta propuesta es la eliminación de los 32 escaños de representación proporcional en el Senado, reduciendo la cámara de 128 a solo 96 integrantes. Esta medida es un golpe directo al corazón del pluralismo político. Desde la década de los noventa, el sistema electoral mexicano incorporó componentes proporcionales precisamente para evitar la creación de mayorías artificiales, garantizar la representación de las minorías y fortalecer la diversidad de voces en el Congreso. Al suprimir estas senadurías, la presidenta no busca una mejor representación, sino un Senado a modo, donde la fuerza gobernante pueda aplastar cualquier disidencia sin necesidad de negociar. Es una postura facciosa: Sheinbaum no actúa como la gobernante de todos los mexicanos, sino como la jefa de una facción que busca la hegemonía absoluta a costa de la equidad democrática.

La iniciativa también propone cambios en la Cámara de Diputados que introducen una delegación legislativa exorbitante que le permitiría a Morena diseñar el sistema electoral a nivel de ley prácticamente como le venga en gana. Al permitir que el legislador ordinario establezca las reglas para los ajustes en la asignación de plurinominales, se abre la puerta a una manipulación totalmente discrecional. 

A esto se suma un ataque frontal a la equidad en la contienda. La propuesta reduce en un 25% el financiamiento público a los partidos y los tiempos de radio y televisión. En un contexto donde la presidenta utiliza el megáfono diario de su mañanera para fijar posiciones políticas y desacreditar a sus opositores, asfixiar económicamente a los partidos y quitarles tiempo en medios es una táctica para silenciarlos. Es una competencia injusta: mientras el gobierno usa recursos públicos para promoverse, la oposición queda despojada de las herramientas básicas para competir.

Por otra parte, al permitir que servidores públicos promuevan consultas populares, se vulnera el principio de neutralidad gubernamental, abriendo la puerta a la propaganda institucional encubierta. 

Pero lo que más resalta de la propuesta no es lo que dice, sino lo que no dice:

1. Nada sobre castigar con la nulidad de la elección y la pérdida de registro como partido cuando se acredite la participación del crimen organizado en las campañas.
2. La iniciativa ignora también el problema de la sobrerrepresentación, manteniendo ese margen del 8% que permite a la coalición gobernante obtener un porcentaje de curules muy superior a su porcentaje de votos reales en las urnas, como hizo en 2024 violando de hecho ese límite llevándolo al 17% mediante una maquinación leguleya absurda. Este silencio revela el apetito del oficialismo por seguir distorsionando la voluntad popular en el futuro, 
3. Nada tampoco sobre la revocación de mandato. Hace unos meses querían empatar la fecha con la elección intermedia de 2027, pero cuando calcularon que la mayoría del electorado podría votar por la revocación, mejor obviaron el tema en la iniciativa. La revocación de mandato desaparece del discurso cuando se convierte en verdadera ocasión para la rendición de cuentas.

Todo indica empero, que los propios aliados del oficialismo, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México negarán sus votos para construir la mayoría calificada que una reforma como esta requiere. No traicionan a nadie, evitan el suicidio político. Traición es pedirle a tu aliado que se suicide. Como sea, a decir verdad, nunca creí que estos dos partidos llegasen a servirle de algo a México.

Y qué bueno, porque México no necesita una reforma que mire al pasado del partido único. Necesita una presidencia que reconozca la pluralidad de la nación. Al insistir en un modelo que castiga a las minorías y premia la concentración del poder, Sheinbaum está renunciando a su rol de jefa de Estado para convertirse en la arquitecta de un régimen autoritario que desprecia la deliberación democrática. La defensa de la representación proporcional en el Senado no es un tema de cuotas de partidos; es una línea de defensa clave para una democracia donde quepamos todos, y no solo quienes aplauden al poder.