Por Alejandro Díaz.- Un desconocido diputado de MORENA elaboró una iniciativa de Ley para reformar la ley reglamentaria del artículo 5º Constitucional. De esa manera quiere se prohíba retirar cédulas profesionales o títulos después de cinco años de emitidos; la propuesta es más confesión de parte (y relevo de prueba) de procederes que están minando la confianza en instituciones de Educación Superior. El caso de Yasmín Esquivel es en estos momentos el más notorio, pero ni de lejos el único, y de ser aprobada la iniciativa se estará apostando por la devaluación de los títulos universitarios.

Nadie investiga plagios en los años cercanos a la titulación a menos de que sea un caso burdo de copia o se haya ganado la animadversión de gente con importantes contactos académicos. Más tarde sí se investiga cuando el autor accede a altos puestos administrativos o políticos, pero también aflora cuando un investigador o un periodista escudriña un tema y le aparecen varias tesis con nombres similares.

Este último caso es cada vez más frecuente porque con la ayuda de internet en cuestión de minutos (o de segundos) pueden encontrarse tesis idénticas o muy parecidas. No se sabe la razón por la que el investigador y articulista Guillermo Sheridan encontró las tesis similares que llevó a la denuncia inicial contra la hasta ahora abogada Esquivel, pero con seguridad las encontró con auxilio de algún buscador de internet.

No existe sistema alguno para comparar tesis y detectar automáticamente si hay similitudes o copias en la UNAM y el resto de universidades, pero los buscadores encuentran todos los títulos similares. Aunque suene absurdo, es más difícil detectar copias de tesis con nombre cambiado aunque se conserve idéntico el contenido. Pero en ambos casos se falta a la ética y debe ser combatida enérgicamente si se desea conservar el nivel académico de las universidades.

El caso que nos ocupa permitió detectar que fue una misma directora de tesis la que condujo por lo menos a dos alumnos a presentar trabajos casi idénticos. Por ello no hubo necesidad de mayor elucubración y fue dada de baja de inmediato. Si el rector no hizo lo mismo con quien parece ser la que copió el texto fue para evitar que el inquilino de Palacio se atreva a intervenir en la UNAM y su autonomía por no haber investigado con acuciosidad sobre lo realizado por la esposa de su contratista favorito. No es sólo por el alto cargo que ostenta la acusada de plagio, es más bien por su cercanía a quien considera que su palabra está por encima de la ley.

El rector, con sabiduría, delegó la decisión al Consejo Universitario para que después de investigar aún más intensamente y de oír alegatos que pudiera tener quien hoy aparece como plagiaria pueda decidir lo conducente. La decisión colegiada ya no podrá ser usada como protección a contrapelo de la opinión del más alto tribunal universitario.

Esta decisión importa, e importa mucho, no sólo para poner en evidencia a quien plagió, sino para proteger a todo el sistema de universidades del país, darle oportunidad a la Suprema Corte de pronunciarse debidamente sin caer en la trampa presidencial al defender la ética y las titulaciones debidamente realizadas. Debe darse su lugar de hombres íntegros que no se doblegan ante los abusos. Y mostrar que sí, la ley es la ley.