Marcos Pérez Esquer.- Varias voces se alzaron preocupadas esta semana, por la decisión del Congreso de incorporar a la ley, mecanismos que pueden prestarse a la censura en Internet. El asunto no es para menos, y me sumo a esas voces porque ciertamente es motivo de preocupación.

Resulta ser que esta semana el Congreso de la Unión aprobó reformas importantes a varias leyes, en el ánimo de armonizarlas con los compromisos asumidos en el T-MEC.

Entre ellas, está la Ley Federal del Derecho de Autor. En este caso, la idea fue atender la obligación que México asumió en el tratado, de fortalecer la protección de la propiedad intelectual, en particular el derecho de autor, consignado en el capítulo 20 de dicho acuerdo comercial, que atañe a la vigencia de ese derecho en el ambiente digital.

Emulando disposiciones del derecho anglosajón, se incorporaron a la ley instrumentos novedosos en nuestro marco jurídico como las llamadas Medidas Tecnológicas de Protección Efectiva (MTPs), y la Información de Gestión de Derechos (IGD), que permiten a los creadores de contenidos (canciones, libros, audiovisuales, películas, videojuegos, etc.) impedir –hasta cierto punto- la piratería; y se establecieron infracciones (e incluso delitos) por la violación o alteración de este tipo de “candados digitales”.

Algunos activistas, sobre todo en Estados Unidos y Canadá (aunque también los hay en Europa), sostienen que estas medidas perjudican al consumidor legítimo porque no le permiten por ejemplo, utilizar algún producto en un dispositivo distinto a aquel para el cual el producto está diseñado, lo que viola su derecho como consumidor.

El asunto es interesante de reflexionar, pero no es la preocupación principal en nuestro país. Lo que es más preocupante es la incorporación de un procedimiento conocido como de “Notificación y Bajada”, que consiste en que, un titular de derecho de autor que se percata de que su obra está en algún sitio de Internet sin autorización, puede notificar eso al proveedor de servicios en línea, y éste deberá bajar ese contenido, sin mayor dilación, y sin mayor trámite.

El usuario que haya subido el contenido, tendrá derecho a hacer un contra-aviso para pedir que el contenido vuelva a subirse, pero tendrá que enterarse por sus propios medios porque nadie está obligado a notificarle que el material se retiró o inhabilitó, y además, este sí tendrá que probar que tiene autorización del titular del derecho de autor.

Así las cosas, es obvio que cualquiera puede abusar de un procedimiento tan sencillo, para bajar de Internet contenidos que incluyan opiniones políticas incómodas por ejemplo, aunque no violen derecho de autor alguno.

No faltará quien piense que esto es medio paranoico y que difícilmente ocurrirá en la realidad, pero le tengo una sorpresa. La organización defensora de la libertad de expresión denominada “Artículo 19”, así como la “Red de Derechos Digitales”, advierten que esto ha sido bastante común en el mundo. Y le tengo otra sorpresa, incluso a este humilde columnista ya le pasó algo similar apenas la semana pasada.

Resulta que una columna que intitulé “Pandemia y pobreza”, en la que hice una crítica a la pésima manera en la que el gobierno mexicano y el presidente López Obrador están manejando la emergencia sanitaria, y el hecho de que ese pésimo manejo generará más de 12 millones de nuevos pobres, a alguien se le ocurrió reportar la columna en Facebook como contenido “ofensivo”, y ya con eso, Facebook la inhabilitó.

No ha habido poder humano que desactive esa inhabilitación, porque todo lo opera un sistema de inteligencia artificial, un robot vaya, que por supuesto no lee el contenido, sólo ve que fue reportado y que el material contiene la palabra “pandemia”, y ya con ello, es suficiente para inhabilitarla.

De modo similar, y de manera sumamente sencilla, el nuevo procedimiento de Notificación y Bajada, puede ser utilizado para censurar opiniones políticas, particularmente durante los próximos comicios de 2021.

Es sumamente grave que empresas como Facebook permitan que sus procedimientos, instaurados de buena fe, terminen siendo usados de mala fe para acallar la voz de opositores al gobierno, y finalmente violentar la libertad de expresión.

Es claro que el Congreso debió aprobar las reservas que a este respecto propuso el PAN, pero como vienen de la oposición, no fueron atendidas. Ya veremos si todo esto no se vuelve un dolor de cabeza.