Por Salvador I. Reding Vidaña.- 

Ambos prometieron lo mismo: guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y pidieron que: sí así no lo hicieren, que la Nación se los demande. Me refiero a Andrés Manuel y a Claudia (ya sabemos quiénes son).

Han fallado gravemente en materia de seguridad pública en la Ciudad de México y en otras zonas del país. Pero especialmente en días recientes, el vandalismo impune ha puesto a la capital en vergüenza internacional. Ni han guardado ni han hecho guardar la Constitución ni sus leyes reglamentarias en materia de seguridad.

La principal responsabilidad de un gobierno es dar seguridad a la población. Eso vale para cualquier gobierno. Pero desde que iniciaron las actuales administraciones federal y capitalina en diciembre de 2018, la criminalidad en todos los órdenes ha aumentado en forma desproporcionada sobre las tendencias de años anteriores inmediatos.

La lucha contra la delincuencia organizada y la que comete otros delitos como el robo, el secuestro o el cobro de piso es muy compleja, es cierto. Sin embargo, hay otro tipo de delito mucho más fácil de enfrentar y vencer. Se trata del vandalismo callejero, en especial cuando es a relativa baja escala. ¿Qué significa esto? Que la relación numérica vándalos-agentes de orden permite a éstos control de situaciones violentas callejeras.

La violencia civil callejera se da principalmente en ocasiones de protestas públicas en contra del gobierno. El mundo se enfrenta a protestas callejeras desde pacíficas hasta gravemente violentas, difíciles de controlar por fuerzas del orden por el gran número de violentos en su contra. A veces junto a manifestantes pacíficos se encuentran grupos menores de vándalos que llegan a agredir a quien sea y lo que sea sin motivo alguno.

En fechas recientes, la Ciudad de México ha sido víctima de marchas ciudadanas acompañadas por grupos vandálicos. Otras ocasiones el vandalismo ha sido la forma principal de supuestamente ejercer el derecho a la libre manifestación. Los delincuentes vandálicos han causado graves daños a bienes públicos y privados y atacado personas indefensas. Dichos daños directos e indirectos valuados en millones de pesos.

Lo grave, lo peor del vandalismo callejero sufrido por la capital mexicana en dichas fechas recientes, es la absoluta indefensión ciudadana ante la ausencia de fuerzas del orden. La policía no aparece ni por asomo, o lo peor, llega a estar a la expectativa sin intervenir frente a la comisión de delitos tipificados en flagrancia, con daño a bienes públicos y privados y ataques a ciudadanos.

¿Qué es lo que sucede? Que los gobiernos morenistas de Andrés Manuel y de Claudia tienen no miedo, sino pavor a enfrentar a los delincuentes, para no ser acusados de represión. Entonces ordenan a la policía, guardia nacional o militares y marinos, que no intervengan ni para prevenir el delito ni para controlarlo y acabarlo. En tanto, la población queda desprotegida al libre actuar de los vándalos, que destrozan, pintarrajean, roban y golpean personas. Peor aún, prohíben a los miembros de las fuerzas del orden defenderse cuando son atacados por los criminales del vandalismo.

Y toda esta cobarde inacción es por una supuesta imagen de que estos gobiernos no son represores. Olvidan Andrés Manuel y Claudia que es su obligación constitucional el recurrir al legítimo y legal uso de la fuerza pública contra el delito, en defensa de la población y de sus bienes, sí como de los bienes públicos. No es opcional, no es asunto de discrecionalidad el imponer el orden por la fuerza, cuando los vándalos están cometiendo precisamente actos delictivos de fuerza contra la población.

Andrés Manuel, con su obsesión de dar una imagen de no represión, llegó a obligar abiertamente a militares y marinos a no defenderse al ser atacados. Varios hechos vergonzosos de ataques civiles contra militares y sus vehículos, llegaron a tal escándalo y enojo, furia, no solamente del ejército y la marina, sino de la población en general, que Andrés Manuel debió dar marcha atrás a tan absurdas órdenes de no defensa; era como si la milicia no tuviera derecho a la legítima defensa, que debió permitir que marinos y policías pudieran recurrir a ese derecho de autodefensa.

Pues ni Andrés Manuel ni Claudia han cumplido con la obligación constitucional de proteger a la población y al propio Estado en sus personas y sus bienes, faltando como dije al principio, gravemente a lo que juraron cumplir. Y la población, a través de organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y ciudadanos en lo personal, se han cansado de hacer las debidas demandas de cumplimiento a esos ejecutivos, que no son capaces de cumplir sus deberes y hasta dan excusas verdaderamente idiotas para no hacerlo.

Ante los casos de delincuencia organizada y de comisión de delitos de alto impacto, como el secuestro y la extorsión, y la enorme impunidad con la que actúan los delincuentes, la ciudadanía justamente llega a pensar que hay connivencia entre capos criminales y quienes ocupan puestos de responsabilidad obligados a combatirlos.

La Nación se los demanda: que cumplan, que den seguridad, que recurran al uso legítimo de la fuerza pública, que para eso existe, y no solamente lo ignoran, sino que aseguran que seguirán faltando a sus obligaciones de hacer cumplir la ley: no reprimimos, dicen. El malestar ciudadano, y de miembros de cuerpos de seguridad y de militares y marinos es creciente. La presión ciudadana debe mantenerse y crecer en la exigencia de seguridad, única forma de tener algo de la misma.