Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional ha entendido el mandato de los ciudadanos del primero de julio y, desde el primer minuto de la LXIV legislatura, demuestra con hechos la atención a las causas sociales y el compromiso en favor de los 53.4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y los 9.4 millones en pobreza extrema.

Prueba de ello son las iniciativas de ley con acento social y económico, como la deducción de las colegiaturas, la transparencia de los programas sociales, el servicio de guardería de manera igualitaria y el aumento al salario mínimo, entre otras.

Así lo expresó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, al destacar que las primeras propuestas de ley de su bancada han iniciado el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para contrarrestar la pobreza que no sólo es un tema de bajos ingresos, sino de vulnerabilidad, exclusión, instituciones poco transparentes y violencia que provoca inseguridad.

De manera responsable el PAN ha propuesto en voz del diputado Alfonso Robledo Leal reformar la Ley Federal del Trabajo para que en 2019, el salario mínimo sea de 100 pesos diarios.

“Acción Nacional sostiene que todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente a su familia con posibilidades reales de mejoramiento; por ello, los salarios deben decidirse con criterios de justicia y equidad, no solamente con base en el mercado. La pobreza no es solo un tema sobre los ingresos bajos, se trata también de la vulnerabilidad”, precisó.

El salario mínimo necesita ser capaz de cumplir las metas constitucionales y de tratados internacionales y por ello garantizar el goce del derecho humano a un salario digno por el trabajo desempeñado. El salario mínimo mensual debe ser el equivalente al monto de la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por su parte, el diputado José Martín López Cisneros presentó iniciativa para adicionar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a fin de actualizar cada tres años los montos de deducción de pagos de colegiatura conforme la inflación y extender este beneficio de nivel básico y bachillerato hasta nivel licenciatura.

Romero Hicks mencionó que otra de las propuestas presentadas por el PAN, a través de la diputada Sonia Rocha Acosta, fue hacer eco de los millones de beneficiarios de programas sociales para evitar requisitos y documentos que compliquen el trámite para el ciudadano y además pueden generar costos gravosos para los solicitantes, como copias certificadas ante fedatarios públicos o constancias de residencia ante autoridades administrativas que no son gratuitas.

“Las políticas sociales tienen que ser un instrumento de fácil acceso, trámites sencillos y gratuitos para las personas más necesitadas de obtener beneficios a través de los programas para el desarrollo social; asimismo, por efecto de la implementación de políticas y programas enfocados en el desarrollo social, se promueve el crecimiento económico y mejora las intervenciones y calidad de vida de los beneficiarios”, indicó.

Para evitar la opacidad con la que trabajan el gobierno federal y los estatales sobre los programas sociales, la diputada Ana Paola López Birlain propuso al Congreso el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) que contendrá, entre otros, el perfil socioeconómico de los mismos y terminará con la falta de información y control del gasto, siendo requisito indispensable para ser sujeto de los subsidios y prestaciones de los programas de desarrollo social.

“Hemos recogido, otras demandas, como la que está directamente relacionada con la problemática de millones de familias y el contar con servicio de guardería, por ello la diputada Alejandra García Morlán propuso que la mujer y el hombre trabajadores, o los que judicialmente posean la custodia del menor de edad, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo”, añadió.

En Acción Nacional estamos ciertos que la materia de seguridad representa una exigencia mayúscula y multifactorial y que debemos pugnar por la seguridad ciudadana que implica la investigación científica, la desarticulación de las bases económicas y financieras de las redes delincuenciales nacionales y sus vínculos con las internacionales.

Con ese espíritu el diputado Jorge Espadas Galván se propuso combatir el mercado que hoy en día permite en minutos que el delincuente convierta en dinero el “producto” del robo y su comercialización con total impunidad, como si se tratare de bienes lícitos.

“Se busca que quienes estén comerciando bienes muebles se cercioren de la licitud de los objetos que adquieren para venta. Hablamos de casas de empeño, locales de venta de bienes muebles usados, comercio en general de bienes muebles”, señala la iniciativa del PAN.

Inhibir la comercialización de los robado tiene su lógica en que, por ejemplo, en el caso de vehículos automotores, legislaciones estatales ya cuentan con este tipo de figuras de robo por receptación, donde la persona que compra un vehículo usado está obligada a tomar precauciones para verificar que ese vehículo es lícito, es decir, que no es producto del robo.