Ciudad de México, 02 de septiembre del 2020.- Los escándalos alrededor de Liconsa por las proveedoras “fantasma”, precios de leche inalcanzables y escasez en las comunidades, son motivo para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación del Congreso federal, exija a la Secretaría del Bienestar los nombres y sean sancionados los responsables.

El diputado Iván Rodríguez Rivera dijo que el nacimiento de Segalmex al inicio del sexenio, complicó el ritmo de operación entre Liconsa y Diconsa, pero al mismo tiempo, centralizó las decisiones llevando consigo los asuntos de adquisiciones, contrataciones y pagos a externos.

Entre las dudas que tiene el legislador por Naucalpan, se encuentra un contrato asignado a la empresa Grupo Vicente Suárez 73 S.A de C.V., sin experiencia en la agricultura, pero beneficiaria por un monto de 806 millones de pesos.

“No queremos ser mal pensados en que hay complacencias o favoritismos ni mucho menos que hay inclinaciones sobre las adjudicaciones directas a empresas de los amigos”, refutó el panista, quien tiene listo su Punto de Acuerdo para que se abra la información.

Además, descalificó el papel que ha hecho la Cuarta Transformación por lograr que México supere los números de pobreza, siendo que en los últimos dos años, se registraron 15 millones 779 mil personas nuevas a esta condición, de acuerdo al colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Es decir, ya tenemos más de 76 millones de personas pobres en el país, en un Gobierno que invierte en energías viejas y proyectos de antaño frente a la tecnología que ofrece el mundo no solo para atraer inversión, sino para generar empleos y garantizar el sustento de alimento básico en las familias y sean autosuficientes.

La corrupción, sostuvo el diputado Rodríguez, está a la zozobra de López Obrador más allá de lo familiar, sino que trae efectos colaterales porque causa daños al Gobierno y ocasiona tropiezos a quienes buscan llevar el día a día.

Sobre Segalmex, fue reiterativo en decir que la Cámara de Diputados no soltará el tema hasta que se tenga el expediente de las contrataciones sospechosas sobre la producción de leche y alimentos; se buscará llevar a la justicia a quienes sobrepasen del quehacer público.

De acuerdo al Código Penal, la sanción por abuso de poder o trasgredir la ley para realizar compras de Gobierno, es la inhabilitación del funcionario y multas administrativas ejemplares.