• Mientras en México el gobierno evade responder, investigar y sancionar a quienes hicieron mal uso de Pegasus, la prensa internacional está escandalizada
• Es gravísimo que el grupo de expertos internacionales que investigaban el caso Ayotzinapa también fuera blanco de esta ilegalidad y violación a los derechos humanos que puede acarrearle a México sanciones por parte de organismos internacionales

Ciudad de México.- El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, reiteró su rechazo y condena a la violación de los derechos humanos a través del espionaje ilegal en México, del que también fueron blanco los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales encargados de investigar la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Ayotzinapa, tal y como hoy se acredita en un nuevo reportaje del diario estadounidense The New York Times.

“Nuevamente, México es protagonista negativo de la nota principal en uno de los periódicos más influyentes del mundo. Se trata del intento de espionaje a un grupo de personas que además tenían inmunidad diplomática. Si no podían revisarles sus pertenencias, mucho menos sus comunicaciones”, señaló Anaya.

Según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, signada por México, “el Estado receptor permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno y con las demás misiones y consulados del Estado acreditante, dondequiera que se radiquen, la misión podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos diplomáticos y los mensajes en clave o en cifra” y “la correspondencia oficial de la misión es inviolable. Por correspondencia oficial se entiende toda correspondencia concerniente a la misión y a sus funciones.”

De esta forma, el gobierno mexicano habría presuntamente violado un tratado internacional, lo que nos haría sujetos de posibles sanciones por parte de organismos internacionales.

Ricardo Anaya recordó que Pegasus es un software que se vende únicamente a los gobiernos de los países para labores de inteligencia en contra de la delincuencia organizada y el terrorismo. Según el New York Times, el gobierno mexicano habría erogado 80 millones de dólares en licencias para su uso.

“Éste y los otros muchos casos de intentos de espionaje que han salido a la luz deben investigarse y los responsables deben recibir el castigo que corresponde: la cárcel”, afirmó.

Finalmente, Anaya Cortés insistió en su exigencia para que este caso sea investigado por expertos internacionales, ya que las instituciones encargadas en México de esa labor son las mismas que hoy son señaladas como responsables del uso ilegal del software.

“Es urgente la participación de un panel de expertos internacionales auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para que se conozca la verdad en torno a qué agencia o agencias compraron el programa, ya sea de forma directa o indirecta, con qué fin, quién o quiénes lo operaron y con qué instrucciones, cuántas licencias se compraron y cuántas infecciones intentaron concretarse. No es un asunto menor, es un delito grave y como tal debe atenderse”, puntualizó.