“No estoy para que ustedes me digan ni yo para decírselos…” Cantinflas

Éctor Jaime Ramírez-Barba.- Se dice que “acantinflarse” es adoptar la manera de hablar disparatada e incongruente peculiar de Cantinflas, actor mexicano. Les comento que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social ha utilizado un lenguaje cantinflesco al presentar su “Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2022” (IEPDS), lo cuál es una pena para un Órgano Autónomo Constitucional que tiene como lema “Lo que de mide se puede mejorar”.

Mario Moreno, según notimérica, definió a su personaje Cantinflas como “un tipo falto de cultura, de preparación, pero que está listo para enfrentarse a cualquier tipo de situación. Que no le da pena hablar con usted sobre lo que él no sabe y usted sí sabe; que discute con usted y al final sale ganando él porque a usted le dice: usted sabe lo que está diciendo pero yo tengo razón”.

Cito una de sus frases más famosas: “¡Ahí está el detalle! Que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario”. Pues aplica muy bien esta frase al CONEVAL que utilizó 252 páginas para cantinflear en diversas materias, entre ellas del Derecho a la Salud. Ya imagino las presiones que tuvieron para terminar diciendo “!A sus órdenes Jefe!”.

Glosan la “accesibilidad a los servicios de salud” como la no existencia de barreas u obstáculos para el acceso a los servicios de salud, sean estos de tipo físico, económico o de información sobre la ubicación de establecimientos de salud y los problemas que pueden atender (pág. 9), para omitir luego cualquier evaluación de este indicador. Ha sido más que notorio el deterioro de lo servicios de salud en las áreas rurales por falta de mantenimiento, nuevos equipos, personal, medicamentos e insumos primordialmente en las zonas rurales. Salud retardada es salud denegada.

Susurrando citan que en México, de 2018 a 2020, el porcentaje de hogares con gasto catastrófico en salud casi se duplicó, al pasar de 2.1% a 3.9%. Además, en 2020, 13.5% de la población derechohabiente gastó en servicios médicos la última vez que recibió atención médica en instituciones públicas. Sobre ello, es importante destacar que en Chiapas (32.3%) y Oaxaca (26.2%) más de una cuarta parte de la población derechohabiente tuvo que efectuar este tipo de desembolso.

Nos explican que una persona se encuentra en “carencia por acceso a servicios de salud” (pág. 9) cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el IMSS-Bienestar, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados, faltándole los universitarios. Sería interesante saber cómo clasificarían a las personas que pagan su derechohabiencia y sin embargo, ni siquiera son adscritos a un consultorio. ¿Basta con que cotizen para clasificarlos como “tienen derecho”, si no lo usan allá ellos? ¿Cómo explicar que gran parte esta población acude al sistema privado de asistencia social y a farmacias privadas? La respuesta parece obvia: No hay personal suficiente, no hay citas, no hay medicamentos, ergo: está francamente disminuida la protección social en salud, negando el acceso efectivo a los servicios de salud e incrementando el gasto de bolsillo, deteriorándose las condiciones de salud del país.

En la página 25 del contexto económico y social citan que respecto al derecho a la salud la pandemia incrementó estas problemáticas ocasionando de 2018 a 2020 la disminución de servicios preventivos en instituciones públicas a las y los derechohabientes, así como el aumento de casi del doble en el porcentaje de hogares que incurrieron en gasto catastrófico en salud. La “pandemia” fue declarada en nuestro país en marzo del 2020, por lo que la disminución de servicios preventivos y la duplicación de hogares que empeñaron hasta su casa para atenderse no puede ser explicada solo por la pandemia. El presupuesto público en salud disminuyó en términos percápita por un lado, el subejercicio de lo poco asignado a sido la constante, la compra fallida de medicamentos, y la torre de babel institucional para la prestación de los servicios por el INSABI, los Servicios Estatales y ahora el SS-IMSS-Bienestar podrían ser vectores mñás importantes que la pandemia misma.

El derecho a la salud como “introducción” (págs. 63 a 65) describen, que no evalúan, lo ocurrido 2018-20, estando casi ausentes las evidencias 2021 y 2022 de la carencia social en mención. ¿Son 38.2 millones los que carecen de servicios de salud? ¿Si contabilizamos aquellos que no tienen acceso a servicios de tercer nivel o a padecimientos que ocasionan gastos catastróficos, cuántos serían? ¿Porqué no contrastaron siquiera la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes por COVID con otros países para ver el “Desempeño de Calidad” o el “Exceso de Mortalidad en su conjunto”?

Al describir la “Salud Mental” como un problema provocado por el temor a enfermar, la pérdida de familiares o amigos, el desempleo o inestabilidad financiera, agrego adicciones entre otras que pueden culminar en suicidios, ¿porqué no evaluaron cuántos recursos se destinaron a su atención? El impacto social es inmenso y la actividad gubernamental casi nula.

Las conclusiones de la página 222 son omisas en lo fundamental: la Política Social en materia de salud ha sido un desastre exacerbado por la pandemia. Necesitamos conformar una Comisión para resideñar el Sistema de Salud y lograr que haya cobertura universal de alta calidad con protección financiera para los ciudadanos. Y como dijo Cantinflas “Aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mi….y es una verdad que nadie podrá desmentir”.