Hoy recuerdo la conferencia que Mario Vargas Llosa dio a consejeros consultivos de Banamex el 19 de febrero del 2009. Al terminarla, siguió un panel sobre retos en materia de seguridad pública en el que participé como subprocurador de la República, exponiendo la política de combate al narcotráfico del presidente Calderón.

Vargas Llosa me dijo permanecería en la reunión porque le interesaba conocer la estrategia del gobierno mexicano. Seis meses atrás, en agosto de 2008, se había firmado en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Paz por representantes de los tres poderes públicos federales, así como por todos los gobernadores del país y de sectores empresariales, sindicales, religiosos y medios de comunicación.

Esa política de Estado se desarrollaba a paso veloz en múltiples pistas, en los ámbitos federal, estatal y municipal. A partir de reconocer la realidad del crecimiento de violencias y delincuencias, de las debilidades de los gobiernos locales para contenerlas y de la demanda de gobernadores por apoyo federal; expuse las tareas a cargo del gobierno federal para hacer imperar la legalidad y formar instituciones y cuerpos policiacos más eficaces, incluyendo políticas de prevención desde lo municipal, subsidiadas con recursos públicos federales. Comprendía también compromisos del estado mexicano en el ámbito internacional y la ineludible referencia al mayor mercado consumidor de drogas y exportador de armas, los Estados Unidos.

Vargas Llosa confirmó su capacidad de debatir y dejó clara su posición de descriminalizar las drogas. Si bien reconocía las amenazas del narcotráfico, y al Presidente Calderón el no eludir la realidad, el “haber sacado a la luz un monstruo que ahí, en la sombra, estaba creciendo”, diría tiempo después.

Sostendría que la confrontación armada al narcotráfico no es el camino. “En casi todo el mundo, pero principalmente en América Latina, las mafias de narcotraficantes son una plaga que causan decenas de millares de muertos y son, sobre todo, una fuente de corrupción que descomponen las instituciones, infectan la vida política, degradan las democracias y, no se diga, las dictaduras”, escribió en periódico El País en febrero del 2018.

Pero consideraba que la legalización de drogas, como la marihuana, sería política más factible para contrarrestar la criminalidad, acompañando los cambios normativos con campañas informativas y políticas de rehabilitación.

Al tiempo se dio en México la razón a Vargas Llosa en cuanto a la legalización de la marihuana. Pero López Obrador detuvo su reglamentación y vino lo que resultó un desastre: la política de abrazos, no balazos, de impunidad para los criminales, que ahora Claudia Sheinbaum sustituye, buscando recuperar la legalidad y las responsabilidades del Estado, aunque sin fortalecer las capacidades locales de prevención y contención de las violencias. Más por los chantajes de Trump.

Sin duda el debate sobre la descriminalización de las drogas que impulsó Vargas Llosa debe continuar. No se podrá perder de vista la doble moral de los gobiernos norteamericanos, en particular de Trump. Pero una descriminalización gradual, con estrategias inteligentes de prevención de adicciones a aplicar en todos los ámbitos de convivencia, de formación de instituciones de rehabilitación y de fortalecimiento de cuerpos policiacos que sepan hacer inteligencia social para prevenir y contener violencias, son elementos de estrategias determinantes de paz y tranquilidad.

Fue un honor, un privilegio conversar en el Hotel Presidente Intercontinental, de Polanco, con el autor de “Conversación en La Catedral”, novela en la que Vargas Llosa aborda la corrupción de la sociedad, las disputas por el poder y la represión política en el Perú y que abre con la pregunta de Santiago Zavala, uno de los protagonistas: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.

Nosotros también necesitamos cuestionarnos: ¿En qué momento se jodió México? Nos hace falta conversar, en voz alta y a la luz pública, para comprender nuestra realidad nacional.