Ciudad de México.- Para resolver la falta de cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, la diputada del Partido de Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, presentó hoy una Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia en Materia de Pensiones Alimenticias.

Como parte de esta Iniciativa, se propone crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de registrar información veraz, que ahora no se tiene respecto de quiénes son los deudores, quiénes son los acreedores alimentarios, la cuantía de la pensión y sobre todo el estado de cumplimiento de esta obligación, explicó la diputada.

Al presentar la iniciativa, Torres Peimbert, explicó que aun cuando el registro será público, se cuidará la protección de los datos personales y se realizará una distinción entre los deudores puntuales y los morosos. Las instituciones crediticias tendrán acceso a la información del Registro para determinar el otorgamiento de un crédito.

De esta manera, para obtener un financiamiento bancario, para ser contratado en alguna empresa, ser candidato a cargos de elección popular o jueces y magistrados, se solicitará la constancia de no inscripción al Registro o en su caso se deberá ser un deudor alimentario puntual.

Además, se informará al momento de contraer matrimonio si alguno de los contribuyentes se encuentra inscrito en este Registro, explicó Torres Peimbert.

La diputada del PAN expuso que aun cuando en el país existen diversas normas respecto de los derechos alimentarios de los niños, niñas y adolescentes, en la realidad no se ha logrado cumplir con este objetivo. En México, ocho de cada 10 deudores alimentarios no cumplen con el pago de la pensión alimenticia, de acuerdo con datos de la organización civil “Mamás en Acción”.

En ese sentido, recordó que, según datos del INEGI, el 30 por ciento de las mujeres mexicanas son madres solteras, no reciben pensión alimenticia. “No podemos permitir que esto siga sucediendo, de nada sirve que exista el reconocimiento legal de una obligación si no hay elementos que garanticen su cumplimiento”.

De ahí, dijo, la importancia de esta iniciativa que pretende resolver el incumplimiento de las obligaciones alimenticias y la carga de la prueba que recae en los acreedores alimentarios, por lo cual millones de mujeres mexicanas se ven en la difícil decisión de optar por seguir manteniendo a sus hijos solas o pagar largos y costosos juicios para comprobar que el padre no cumple con su primera obligación: la alimentación de sus hijas e hijos.

México cuenta con instrumentos jurídicos acordes con los compromisos internacionales que se han generado en materia de protección de los derechos de la infancia; sin embargo el camino para asegurar el cumplimiento de estos derechos, aún no se cumple a cabalidad, subrayó la diputada Marcel Torres Peimbert.

Este proyecto constituye un esfuerzo del Poder Legislativo, de los distintos grupos parlamentarios aquí representados, de la sociedad civil, en especial de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIF, un colectivo con 70 organizaciones de la sociedad civil, especializadas en derechos de la infancia y de “Mamás en Acción” encabezadas por Julieta Lujambio, para introducir la Ley el reconocimiento y garantía de los derechos alimentarios.

El anhelo de todos aquellos quienes integramos este Congreso es lograr que México tenga un mayor desarrollo y mejor desarrollo económico y abatir la lacerante brecha que hay entre unos y otros.

“Comencemos por el principio, eliminemos la distancia entre las y los mexicanos desde la infancia, garantizando que no haya niñas y niños abandonados, sin oportunidades equitativas de estudio y de desarrollo y de acceso a una infancia digna. Si mañana juzgan a nuestra sociedad que digan que nosotras y nosotros si cuidamos y defendimos a nuestras niñas, niños y adolescentes”, concluyó la diputada Marcel Torres Peimbert.

La Iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Justicia para dictamen.