“¿Duele más o menos?” Aleksandr Solzhenitsyn

La atención oncológica ha experimentado una revolución silenciosa en los últimos años: el hogar del paciente se ha convertido en un escenario estratégico para la prestación de servicios médicos de alta calidad, gracias a la telemedicina, la monitorización remota y los programas de hospitalización en casa. Esta tendencia, acelerada por la pandemia de COVID-19, ha demostrado que el domicilio puede ser el entorno más humano, seguro y eficiente para tratar enfermedades crónicas como el cáncer, especialmente cuando la movilidad, la edad o la vulnerabilidad social limitan el acceso a hospitales y clínicas.

En México, el cáncer representa una de las principales causas de mortalidad. Según datos del INEGI, en 2023 se registraron más de 90,000 muertes por tumores malignos, siendo el cáncer de mama, próstata, pulmón y colon los más frecuentes. Guanajuato, por su parte, enfrenta una incidencia creciente, con cerca de 6,000 nuevos casos anuales y una mortalidad que supera los 3,000 decesos por año. Estas cifras reflejan no solo la magnitud del reto, sino también la urgencia de innovar en los modelos de atención, priorizando la equidad y la accesibilidad.

La evidencia internacional, como lo expone recién Sahil D. Doshi y colaboradores en la revista NEJM Catalyst: Innovaciones en la Prestación de la Atención Médica titulado “Oportunidades para la atención oncológica en el hogar: la frontera final”, señala que la atención domiciliaria oncológica dignifica la vida del paciente y su familia, reduce complicaciones y optimiza recursos. Sin embargo, en México, la atención médica domiciliaria ha estado tradicionalmente limitada a cuidados paliativos y a programas aislados, como los implementados por el IMSS y el ISSSTE, que si bien han mostrado resultados positivos, no alcanzan la cobertura ni la integralidad necesarias para garantizar el derecho efectivo a la salud.

En el ámbito federal, la Ley General de Salud reconoce el derecho a recibir cuidados paliativos en casa solo para pacientes terminales. Los reglamentos del IMSS y el ISSSTE contemplan la extensión hospitalaria al domicilio, pero su aplicación es restrictiva y depende de la cada vez menor capacidad institucional y la voluntad administrativa. A nivel estatal, solo unas pocas entidades, como la Ciudad de México, Aguascalientes e Hidalgo, han legislado de manera explícita sobre la atención domiciliaria, y en la mayoría de los casos, los programas son insuficientes o carecen de financiamiento sostenible.

Guanajuato ha sido pionero en la implementación de modelos de atención primaria y en la integración de servicios oncológicos de alta especialidad. A pesar de no recibir financiamiento federal específico, el estado cuenta con el Centro Estatal de Oncología y una red de hospitales que ofrecen diagnóstico y tratamiento integral. Sin embargo, la atención domiciliaria sigue siendo un reto pendiente. Las familias guanajuatenses, especialmente en zonas rurales y marginadas, enfrentan barreras de transporte, costos y tiempos de espera que dificultan el acceso oportuno a consultas, quimioterapias y seguimiento médico.

En respuesta a estas necesidades, desde la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, he presentado una iniciativa para adicionar el artículo 32 Bis a la Ley General de Salud, con el objetivo de establecer la atención médica domiciliaria como un derecho universal y exigible, no solo para pacientes terminales, sino para todos aquellos que, por enfermedad crónica, discapacidad, edad avanzada o vulnerabilidad social, estén imposibilitados de acudir a una unidad médica.

La propuesta legislativa plantea que todos los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud estén obligados a ofrecer atención médica domiciliaria, incluyendo consultas, suministro de medicamentos, toma de muestras, rehabilitación, terapias paliativas y seguimiento poshospitalario. Se prevé la participación de equipos multidisciplinarios, la incorporación de tecnologías como la telemedicina y la interoperabilidad de historiales clínicos, así como la capacitación continua del personal de salud.

La iniciativa dispone la creación de un piso presupuestal: al menos el 3% del presupuesto federal en salud y el 1.5% de los estados deberán destinarse a la atención médica domiciliaria, garantizando su sostenibilidad y progresividad. Además, se establece la obligación de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General de emitir lineamientos técnicos, protocolos de calidad, mecanismos de supervisión y protección de datos personales, así como vías de denuncia ante omisiones o negligencias.

A diferencia de nuestra iniciativa, el programa “Salud casa por casa” del gobierno federal no da cobertura universal; es político-administrativo no jurídico, obligatorio y permanente; no tiene fondo de financiamiento específico; los servicios no son integrales con protocolos, evaluación y telemedicina. Sin embargo, creo que ambas estrategias son complementarias, pero solo la reforma legal puede asegurar que la atención domiciliaria sea un derecho exigible, con reglas claras, financiamiento garantizado y cobertura universal.

Si, la atención domiciliaria oncológica humaniza y permite que el hogar se convierta en un espacio terapéutico y de acompañamiento emocional. Espero prospere nuestra iniciativa.

en Periódico AM