Ciudad de México.- La decisión autoritaria, simulada en la mal llamada consulta ciudadana del presidente electo para cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, está lastimando gravemente la estabilidad para el desarrollo político y económico del país, mermando la confianza en la economía nacional y violentando la legalidad y las reglas de la democracia, refirió el coordinador de los senadores del PAN, Damián Zepeda Vidales.

Al referirse a las primeras reacciones de los mercados nacionales e internacionales tras el anuncio de la cancelación del aeropuerto, Zepeda Vidales afirmó que el efecto en el valor del peso, en la bolsa de valores y el cambio a negativa para la economía mexicana por parte calificadoras, afectan directamente el crecimiento económico del país, así como al empleo y salario de los mexicanos. “Más de 45 mil empleos se perdieron de un plumazo”.

“El mensaje de incertidumbre económica es terrible, ¿quién va a invertir?, si está escuchando que bancos suizos, estadounidenses, europeos, en fin, de todos lados, están diciendo: “Te recomendamos que sean prudentes”. Ahorita van ahí: bajando la calificación a “vamos revisando”, “tengan cuidado”, al rato se va a bajar a de plano una recomendación negativa y eso es muy delicado, porque nadie arriesga su dinero si no hay certeza”, sostuvo.

El problema es que si no hay inversiones en el país se pierden empleos y bajan los salarios, el incremento del dólar repercute directamente en el aumento de la deuda y eso afecta el crecimiento, insistió.

Se han gastado ya 100 mil millones de pesos de los impuestos de los mexicanos, que se están tirando a la basura como consecuencia de esta decisión autoritaria, y se podrían desperdiciar hasta 200 mil millones de pesos como costo por esta cancelación, abundó.

Zepeda Vidales señaló que la decisión de López Obrador puede implicar responsabilidades legales, porque no se puede tirar el dinero de los mexicanos a la basura. “Todos estamos a favor de combatir la corrupción. Si ese es el tema, que se audite, que se revise y lo que esté mal que se corrija, pero que no nos haga a los mexicanos pagar 200 mil millones de pesos por cancelar un proyecto por meros caprichos, para enviarlo a otro lugar, donde ni siquiera sabemos si se puede construir”, dijo.