Ante las murmuraciones y especulaciones sobre los posibles ataques directos del gobierno de Estados Unidos contra los cárteles señalados como grupos terroristas, el gobierno mexicano, en particular la presidenta (con A) hablan de la defensa de la soberanía nacional ante intervenciones de cualquier tipo en territorio mexicano, pero falta algo.

Primeramente citemos el texto del artículo 39 de la Constitución política de México: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Pero el ejercicio de la soberanía que debe residir “esencial y originariamente en el pueblo”, ni siquiera se ejerce conforme al artículo 41 constitucional en gran parte del país, que dice, cito: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.” Veamos.

En la teoría y práctica políticas se habla de los que se llaman “poderes fácticos”, es decir personas u organizaciones que por diversas razones ejercen poder real en las decisiones políticas de una comunidad o nación, poderes que “de facto”, de hecho participan en los gobiernos desde fuera de ellos. Y allí precisamente están las fuerzas reales del crimen organizado, altamente poderosas en la vida diaria de México.

Ningún secreto, sino al contrario, es el control que cárteles de la delincuencia organizada ejercen en una gran parte del país a nivel local, comunitario, municipal y estatal, es una realidad que destruye el ejercicio de la soberanía (esa que es del pueblo) y manda sobre quienes ejercen autoridad constitucional (esos del artículo 41).

Pero contra esa violación flagrante a la soberanía del pueblo a través de los poderes de la Unión, los líderes y autoridades morenistas no hacen prácticamente nada para evitarlo. Sus acciones presumidas son de propaganda, no de realidades que cambien o intenten cambiar este status quo, el estado que guardan las cosas respecto a quienes dan órdenes y ejercen poderes fácticos (de hecho) en la vida del pueblo.

¿Por qué el poder fáctico de la delincuencia organizada tiene tanta libertad de acción? ¿Será que los gobernantes le tienen miedo, pavor, o se ven incompetentes e indefensos ante ellos? No precisamente. Gran parte de la explicación es que hay tanto connivencia y reparto de beneficios ilícitos entre los políticos y los capos como inclusive que dentro del mismo gobierno y del partido en el poder, Morena, están incrustados miembros de dicha delincuencia organizada.

Las fuerzas armadas de México: ejército, guardia nacional, fuerza aérea y marina de guerra tienen suficiente poder de combate para exterminar hasta en unos cuantos días a la totalidad de los grupos de sicarios y sus material de armamento, así como de laboratorios y medios de transporte. Pero no lo hacen ¿Por qué? Porque el gobierno morenista encabezado (todavía) por Andrés Manuel se los impide. ¿Y la soberanía del pueblo? En el limbo jurídico.

Para efectos electorales, la delincuencia organizada demuestra tener poder para decidir en muchos casos quiénes pueden o no ser candidatos a elecciones de autoridad. Presionan, compran voluntades, amenazan, secuestran y hasta asesinan para lograr lo que quieren, incluyendo designaciones en puestos de autoridad, sobre todo en policías. De nuevo ¿Y la soberanía?

Si los gobiernos, para sostener al erario cobran impuestos, los grupos de la delincuencia organizada cobran equivalentes: chantajes, extorsiones incluyendo el llamado derecho de piso y el de paso. Son para efectos reales impuestos con otras denominaciones. ¿Y la soberanía? Desdeñada desde el poder político oficial. Se alardea de la defensa de la soberanía nacional ante gobiernos extranjeros que pretendan violarla, y se permite su violación dentro del propio país por delincuentes que explotan abiertamente al pueblo.

Qué triste realidad del pueblo mexicano, que ve alardeada su soberanía ante supuestamente posibles intervenciones extranjeras, y descarado olvido voluntario de la violación de la soberanía dentro del propio México por el poder fáctico de la delincuencia organizada (y coludida con gobernantes).