Por Rafael Morgan.- Además de los 2 libros de López Obrador, el de 2017 sobre “La salida, decadencia y renacimiento de México” y el de 2021, “A la mitad del camino”, habría que evaluar los resultados del documento: “Las 50 medidas para que los funcionarios aprendan a vivir en la justa medianía, lograr ahorros, transparencia y evitar la impunidad”, sobre el cual se puede decir que no se ha cumplido ni con el título, pues no se ha logrado la transparencia ni se ha evitado la impunidad.

Nunca en toda la historia de México, un gobierno ha abusado del recurso de “Seguridad Nacional” para no publicar ni informar sobre las actuaciones, decisiones y obras del gobierno, como este de AMLO; ahora hay justificaciones para no informar, más aún, para ocultar costos, retrasos, daños ecológicos, etc., en el tren maya, en la refinería de 2 Bocas, en la cancelación del aeropuerto de Texcoco o en las obras del ejército y la marina.

No se quiere informar ni quiere el gobierno que el pueblo de México sepa que el tren maya costará más del doble de lo presupuestado, o que la refinería 2 Bocas, la que iba a costar 8 mil millones de dólares, ya lleva más de 15 mil millones de dólares (y eso que se hizo un gran escándalo porque la “torre de luz”, durante el gobierno de Felipe Calderón, costó 800 millones de pesos más).

También se ha “guardado” el costo de haber cancelado el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, mismo que el Jefe de Auditoría de la Auditoría Superior de la Federación calculó en 300 mil millones de pesos y por haberlo informado fue destituido; la ASF tuvo que “disminuir” el importe de la pérdida. Esta torpe decisión de cancelar el aeropuerto, la tomó directamente el Presidente, él mismo lo había propuesto en su libro de 2017, página 212: “… vamos a cancelar el absurdo proyecto de construir el aeropuerto en el Lago de Texcoco, una opción costosísima y técnicamente incierta…”.  Así se perdieron 300 mil millones de pesos; actualmente el aeropuerto de la Ciudad de México no tiene dinero ni para el mantenimiento, pues los Derechos de Aeropuerto que los pasajeros pagan, se dedican a cubrir intereses y capital de “los bonos” que se emitieron para pagar los adeudos generados al cancelar los contratos ya firmados del nuevo aeropuerto.

Lo mismo se puede decir en cuanto a la impunidad, pues a pesar de lo afirmado de que “no somos iguales”, no se ha castigado a nadie de esta administración por los fraudes en Segalmex o por las “entregas” de dinero a familiares del propio Presidente, sobre lo cual se publicaron videos y declaraciones.

Una de las “Medidas” anunciadas en 2018 en cuanto al combate a la corrupción expone: “todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y las de sus familiares cercanos y será pública y transparente en todos los casos”, sin embargo, según los sociólogos José Antonio Crespo y Alfonso Zárate, “estos compromisos de combate a la corrupción, a la impunidad y la política de austeridad, resultaron un verdadero fiasco”, “así, por ejemplo, la Presidencia de la República, a través de su consejería jurídica, se negó a transparentar las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que controlaron las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles”. También “han ocultado su información patrimonial los ex secretarios Esteban Moctezuma, Olga Sánchez Cordero, Josefa González Blanco, Javier Jiménez Espriú e Irma Eréndira Sandoval…”, según estudio publicado en El Universal el 22 de mayo.

Tampoco se cumple con “la Medida 45”: “los contratos se llevarán a cabo mediante licitaciones públicas” pero en los primeros tres años de esta administración, el gobierno otorgó 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa”. El Universal publicó que “al mes de abril, mil 971 de estos contratos por más de 27 mil millones de pesos fueron por adjudicación directa” por lo que son motivo de corrupción y de impunidad.

El Presidente se comprometió a “cancelar labores de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas”, pero el gobierno ha continuado con la utilización del sistema “Pegasus” y tuvo que reconocer la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos; pero explica que eso “no es espionaje, sino investigación y trabajo de inteligencia”, es decir, cuando lo hizo el ex secretario García Luna estaba mal, pero si lo hace este gobierno es correcto.

Así pues, una cosa es la que se dice y otra es la que se hace; si la ordena López Obrador entonces está bien, pero si lo hicieron los regímenes “liberales” está muy mal.