Ciudad de México, 12 de junio de 2019.- Para Acción Nacional, el ejercicio de la denuncia en contra del fenómeno de la corrupción, no puede ni debe suponer una suerte de vulnerabilidad para quien la denuncie, por lo que en nombre del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, la legisladora Verónica Sobrado Rodríguez, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente, una propuesta de ley que tiene por objeto fortalecer el combate a la corrupción a través de mejores condiciones para denunciar hechos que pudieran constituir una responsabilidad administrativa.

Sobrado Rodríguez explicó que a pesar de la aprobación de la reforma constitucional para combatir la corrupción que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, así como de la expedición del marco jurídico secundario, no se puede decir que los trabajos han terminado. Es un esfuerzo que debe ser permanente para detectar las áreas de oportunidad y ésta es una de ellas.

Expuso que las personas no denuncian por miedo o también porque no se sienten suficientemente respaldadas por las autoridades o por quienes atienden las denuncias. “Falta confianza, falta un marco normativo para que la denuncia no sea una excepción sino una práctica ágil y cuando se requiera”, explicó ante los legisladores que integran la Comisión Permanente.

Señaló que un estudio de la Secretaría de la Función Pública de 2018 en el marco del Plan Nacional Anticorrupción, indica que la proporción del total de denuncias que concluyen con una sanción, es muy inferior a la proporción del total de sanciones con origen en una denuncia.

“La Función Pública ha señalado que el resultado puede apuntar hacia tres consideraciones relevantes:

Primero, que la calidad de la información a través de la denuncia en promedio es baja; segundo, que el procedimiento de atención de la denuncia es deficiente y tercero, que a pesar de lo anterior, la denuncia siendo el medio más efectivos, solo detrás de la situación patrimonial para encontrar elementos que permitan imponer sanciones administrativas”, destacó.

Por otro lado, destacó que la OCDE menciona que el marco mexicano de denuncias previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de amplio alcance y aplicable a todos los niveles de gobierno, incluyendo las empresas propiedad del estado; sin embargo, existe muy poca protección contra represalias en caso de ser divulgada la identidad del denunciante y hay una gran incertidumbre en cuanto a la manera en que serían aplicadas las medidas de protección previstas actualmente en la ley mexicana.