Por Alejandro Díaz.- El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 es el más alto de la historia a pesos nominales, y quizá el más inequitativo en el último medio siglo. Los regímenes de la dictadura perfecta (Vargas Llosa dixit) hasta 1997 concentraban más del 85% de los recursos fiscales en manos de la Federación otorgando alrededor del 12% a las distintas entidades y menos del 3% a los más de dos mil municipios. A pesar de que a partir de 1997 se comenzó a descentralizar el gasto ahora se mete reversa sin que se dé la tan anunciada descentralización de las Secretarias de Estado.

Pocas promesas de la campaña del 2018 se han cumplido, y en el caso de la descentralización administrativa sólo ha habido declaraciones. Ninguna Secretaría se ha movido de la Ciudad de México a pesar de los anuncios mañaneros, y tampoco podrán realizarse en 2022 porque los recursos no están etiquetados a ese propósito. El inquilino de Palacio busca una supervisión cercana sobre el gasto gubernamental y decidir hasta detalles mínimos. No por evitar la corrupción pues ya la mayoría de las obras se entregan en asignación directa, sino por controlar todo. La consecuencia para entidades y municipios es que van a tener menos dinero no sólo para obra pública, sino para gastos esenciales.

Durante más de 20 años estados y municipios tuvieron acceso a recursos federales para atender las obligaciones que les asigna la Constitución General de la República. Si bien la mayoría los utilizaron adecuadamente, hubo abusos en algunos casos al priorizar sueldos y gastos antes que obras y servicios. Pero en general los municipios lucieron mejores pavimentos e iluminación, más vigilancia policiaca con mejor equipamiento, así como soluciones a problemas de abastecimiento de agua, disposición de basura y de aguas negras. Para ello contaron, además de los ingresos propios, con las remesas que envía anualmente la Federación.

Pero para el PEF 2022 las prioridades del inquilino de Palacio marcan otros rumbos. No sólo favorece insistentemente sus proyectos faraónicos (Tren Maya, refinería Dos Bocas, aeropuerto Felipe Ángeles, etc.) sino asigna aún más recursos a PEMEX y a la CFE. Increíblemente que estas dos empresas, además de sus millonarias pérdidas, acaparen la mitad de la inversión pública, que aunada a la de las fijaciones del inquilino, deja muy poco para obra pública en el resto del país. Por eso no se construyen nuevos caminos ni carreteras y el mantenimiento de las existentes es insuficiente o no se da. No se terminan obras iniciadas como el tren México-Toluca porque no fueron de su iniciativa a pesar de los miles de millones invertidos y la obvia necesidad de ponerlo en funcionamiento.

A los desvíos mencionados hay que agregarle los errores de operación (falta de mantenimiento, consumo absurdo de combustibles fósiles en CFE, pérdidas en empresas disque productivas del estado, la no venta del avión presidencial y un muy largo etcétera). Algunos se deben a caprichos presidenciales pero la mayoría a que los puestos operativos están en manos poco entrenadas y aún menos hábiles aunque sean 100% leales.

Estados y municipios no tienen porqué absorber las ineficiencias del inquilino de Palacio y de sus subordinados. Los ciudadanos son los que van a pagar los excesos y fallas del régimen. Si dejamos que esta inercia continúe no nos quejemos de la falta de agua, de inundaciones previsibles o de más accidentes absurdos como el de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Entidades y municipios requieren apoyo para cumplir con los ciudadanos la atención de sus necesidades.