“Detectar a tiempo es la clave para vencer cualquier enfermedad.” Hipócrates

La presentación de una iniciativa para reformar la Ley General de Salud en materia de acceso a servicios de laboratorio clínicos no es solo un acto legislativo: es un paso crucial para subsanar una de las mayores desigualdades en el sistema de salud mexicano. La propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN y este escribidor esta semana, busca garantizar que toda persona, especialmente quienes carecen de seguridad social, reciba diagnósticos oportunos, precisos, de calidad y gratuitos. Este esfuerzo no solo se alinea con el derecho constitucional a la salud, sino que aborda problemas estructurales que por décadas han perpetuado inequidades.

El acceso a servicios de laboratorio es un componente esencial del derecho a la salud. La iniciativa que presentamos recuerda que instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen la asistencia médica como un pilar para una vida digna. Sin embargo, en México, la realidad dista de este ideal: el 35% de las unidades médicas públicas carece de laboratorios funcionales, y en zonas rurales, pacientes recorren hasta 50 km para obtener un estudio básico.

La fragmentación del sistema público ahora con el SS-IMSS-Bienestar se agrava con equipos obsoletos, falta de insumos y personal no capacitado. Esto tiene consecuencias tangibles: diagnósticos tardíos de cáncer en etapa avanzada, tratamientos incorrectos para diabetes o hipertensión, y brotes epidemiológicos no detectados a tiempo. Como señalamos en la exposición de motivos, “la falta de pruebas de tamizaje cuesta vidas y profundiza la pobreza”.

La iniciativa que puede ser consultada en https://bit.ly/3ECii7r tiene cuatro ejes transformadores con modificaciones concretas a la Ley General de Salud: 1) Acceso universal gratuito incluyendo los servicios de laboratorio en la protección social en salud (Artículo 77 Bis 1), garantizando cobertura incluso en zonas marginadas. 2) Red Nacional de Laboratorios coordinada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos -INDRE-, que establecerá estándares de calidad, infraestructura mínima y sistemas de información interoperables (Artículo 45 Bis). 3) Formación y certificación, con capacitación obligatoria para técnicos y mecanismos de evaluación periódica (Artículo 45 Ter); y 4) Alianzas público-privadas permitiendo convenios con laboratorios privados cuando la red pública no tenga capacidad (Artículo 45 Quáter).

Creemos que durante el estudio y dictaminación de la iniciativa se podrá apreciar el impacto positivo que tendría en la salud pública con los beneficios trasciendan lo individual. Por ejemplo, una red de laboratorios eficiente permitiría detectar brotes de enfermedades como dengue o influenza en fases tempranas; reducir en 30% los costos hospitalarios al evitar ingresos por complicaciones prevenibles y generar datos epidemiológicos para políticas públicas basadas en evidencia. Para las familias, significaría dejar de gastar hasta el 20% de sus ingresos en estudios privados cuando el sistema público falla. Para el Estado, implicaría ahorros a largo plazo: tratar una neumonía a tiempo cuesta 10 veces menos que una hospitalización por complicaciones.

La iniciativa no ignora los retos pues será un desafío de coordinación parta la entidad rectora del sistema de salud pues establece plazos perentorios: 90 días para emitir nueva normativa y un programa nacional de modernización de infraestructura. Además, propone adoptar estándares internacionales como la norma ISO 15189:2022 y la NOM-007-SSA3-2011, lo que exigirá inversiones en tecnología y capacitación.

Sin embargo, el mayor obstáculo será la coordinación entre los tres niveles de gobierno. La fragmentación actual ha creado “islas” de laboratorios con protocolos dispares. La creación de un sistema centralizado de información (Artículo 45 Bis-II) podría romper estas barreras, pero requerirá voluntad política y presupuesto continuo.

Consideramos que nuestra iniciativa llega en un momento crítico. Tras la pandemia y a cuatro años de distancia, quedó claro que sin diagnósticos oportunos, ningún sistema de salud está preparado. Su aprobación no solo mejoraría la atención médica, sino que sentaría un precedente: la salud no puede ser un privilegio geográfico o económico. A los legisladores nos corresponde ahora priorizar esta reforma. Como ciudadanos, debemos vigilar que no quede en letra muerta. La diferencia entre una enfermedad controlada y una tragedia familiar depende de un estudio de laboratorio accesible. Hoy, el Congreso tiene en sus manos hacer realidad ese derecho.

Agradezco desde esta columna a los doctores Juan Manuel Cisneros Carrazco, Jorge Manuel Sánchez González y a través de ellos a cientos de profesionales del área de labortorios clínicos por su acompañamiento en la elaboración de esta iniciativa, esperando su activa participación cuando se abra a parlamento abierto en San Lázaro y allí contestar las dudas y mejorar en su caso las disposiciones vigentes en la Ley General de Salud para mejorar, a través del diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano, la salud de todas y todos nosotros.