Ciudad de México 5 de noviembre de 2020.- “Con las amenazas, intimidación, agravios y desaparición de periodistas no sólo se les afecta a ellos sino a toda la sociedad, porque se atenta contra la libertad de expresión de la que debemos gozar todos2, afirmó el diputado de la Ciudad de México Mauricio Tabe.

Agregó que México ocupa una muy lamentable posición, “ya que es de los países con mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo”.

En la CDMX hemos cumplido ya 5 años de tener una ley local de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos y ha sido un periodo suficientemente amplio para hacer un “corte de caja” y evaluar sus resultados.

Señaló que “La realidad de la Ciudad es dual: porque por un lado, la capital por sus condiciones se ha convertido en una ciudad refugio para periodistas amenazados en otras entidades; pero al mismo tiempo, aquí se enfrentan a los mismos problemas: No hay confianza en los mecanismos de protección, porque son las propias autoridades las que en la gran mayoría de casos son la fuente de las amenazas”.

Mauricio Tabe detalló que la iniciativa presentada contempla un paquete de reformas a la Ley de Protección de Personas Defensoras de DDHH y Periodistas con las siguientes bondades:

Primero, reorganizar el Mecanismo de Protección que contempla. Lo que proponemos es cambiar la ecuación para que el mecanismo se ciudadanice y en lugar de que esté en manos de las autoridades, ahora esté en manos de los ciudadanos.

Segundo, eliminar la excesiva carga gubernamental y el perfil eminentemente oficialista de la Ley, a fin de que la protección a periodistas y a defensores de Derechos Humanos no sea una concesión por la gracia del gobierno, sino que sea un verdadero referente cuya esfera de protección y salvaguarda quede fuera de intereses de funcionarios.

Se eleva el perfil y la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la Junta de Gobierno.

Se reduce a su mínima expresión la participación de los órganos de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia pues en una lógica simple nadie en su sano juicio denunciaría una violación de garantías ante la institución a la que pertenece el perpetrador de dicha violación.

El Congreso de la Ciudad de México a propuesta de la Junta de Gobierno será quien designe al Director General del Mecanismo y no como sucede hoy, al ser un nombramiento directo de la Jefa de Gobierno.
Por último, se propone la inclusión de un Capítulo VI Bis denominado “Del Sistema de Protección Especializado a Periodistas”, como una especie de subsistema del Mecanismo para reconocer la actividad periodística como de interés público y una obligación del Estado la de promover su ejercicio.