Ciudad de México, 24 de noviembre de 2020.- La diputada Adriana Dávila Fernández y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, ambos de Acción Nacional, presentaron en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, por actos presumiblemente de omisión en el manejo de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19.

En su escrito, consideran que el titular de la Secretaría de Salud ha actuado con negligencia grave en el despacho de los asuntos inherentes a las atribuciones de la dependencia que encabeza, los que va en perjuicio del interés público, el derecho humano a la salud y a la información.

Los legisladores destacaron que las políticas públicas que han sido establecidas por el Gobierno Federal han sido insuficientes e ineficaces para enfrentar y disminuir las graves afectaciones que ha provocado la falta de control de los contagios por COVID-19.

Consideraron que la falta de implementación estricta de distintas medidas sanitarias implementadas por el Gobierno Federal, como lo fue la jornada nacional de sana distancia, contribuyó al aumento de los contagios en el país.

Los legisladores señalaron que la ineficacia de las acciones implementadas por el gobierno dio como resultado el aumento de personas contagiadas, el cual hasta el 21 de noviembre suman un millón 32 mil 688 casos, así como el incremento en el número de personas fallecidas que hasta la misma fecha se contabilizan en 101 mil 373 muertes.

“Dichos datos contrastan exponencialmente con los dichos del subsecretario Hugo López-Gatell, cuando señaló el 4 de junio que el peor escenario que se esperaba para México sería llegar a las 60 mil muertes, cifra que se alcanzó el pasado 22 de agosto”.

“Lo anterior es muestra de que una debida implementación de acciones para evitar los contagios habría propiciado proporcionalmente su disminución, más no su aumento hasta la fecha, en 41 mil muertes más”, precisaron.

Dávila Fernández y Ramírez Barba consideraron que es evidente que los actos y omisiones imputados al secretario de Salud significaron perjuicios de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, como lo es la pérdida de miles de vidas, cuyo deceso era evitable, así como la enfermedad de cientos de miles de mexicanos con el consiguiente gasto y padecimiento familiar y el cierre definitivo de decenas de miles de empresas.