Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer por parte del diario The New York Times la actividad de espionaje en contra de periodistas y activistas de Derechos humanos, de la cual se resposnabiliza al Gobierno Federal de México, varios diputados panistas han manifestado por separado su postura de rechazo a esta acción ante los medios de comunicación.

La Diputada panista y presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velazquez mediante un comunicado informó que a nombre de la comisión que preside presentó una denuncia ante la “Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el uso ilegal del malware pegasus que fue utilizado al menos en 76 ocasiones para espiar a periodistas, activistas y políticos”.

En el mismo exigen una investigación exhaustiva, así como el castigo “a los servidores públicos involucrados en estos ataques a la libertad de expresión y a la privacidad de los periodistas”.

Concluye afirmando que los miembros de la comisión que preside consideran que esta es una “táctica añeja del priismo y un retroceso a la democracia mexicana que tanto trabajo nos ha costado construir”.

Por su parte el coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés Mendoza, se pronunció por la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República y el CISEN ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a fin de que rindan un informe, bajo protesta de decir verdad, sobre el espionaje o intervención de comunicaciones a periodistas, activistas y líderes políticos.“Estamos frente a un delito muy grave y por esa razón la Comisión Bicameral debe citar a los funcionarios lo antes posible. En el ámbito de sus atribuciones el Congreso debe hacer su parte para frenar esta oprobiosa actividad que daña nuestra democracia”, añadió.

El lider de la bancada panista en el Congreso Federal señaló “Es momento de llamar a cuentas a los órganos de inteligencia del Estado, cuya función es investigar actividades de la delincuencia organizada o prever riesgos para la soberanía nacional, no para seguir a líderes de opinión que tienen una posición crítica frente al gobierno, ni a intervenir sus comunicaciones”.

El vicecoordinador de Comunicación, Difusión y Mensaje del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge López Martín, ante el aumento de casos de espionaje telefónico propuso incrementar las penas de 10 a 20 años de prisión así como duplicar las sanciones económicas que se aplican actualmente a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas a través de la intervención de comunicación privada sin autorización de un juez.

El Dip. Jorge López Martín, en el contexto de este escándalo propuso penas más severas para quienes realicen espionaje telefónico ilegal, el legislador presentó la iniciativa que reforma el artículo 211 bis del Código Penal Federal, que además establece que si quien realice cualquiera de estas conductas ilícitas tiene algún cargo público se duplicará la sanción y se multiplicará en tres veces la sanción económica y pena pecuniaria.

Sobre el mismo asunto, Federico Döring calificó como “una vergüenza que la postura oficial del Gobierno de la República con respecto al espionaje telefónico, descubierto recientemente por el Periódico The New York Times, sea a través de un simple boletín, sin hoja membretada y que no exprese la postura en contra de esta práctica ilegal contra activistas y periodistas”, afirmó durante la sesión de la Comisión Permanente”.

“Lo mínimo que merece la Opinión Pública es que el Presidente Peña Nieto, si se dice que está en contra de eso, lo haga público, que gire una instrucción, que se comprometa”, apuntó el Diputado panista.

“O encuentran a los que lo hicieron o la historia los va a juzgar por omisión y por complicidad porque todo mundo le señala, no le señala los partidos políticos, no vengan aquí a mentir, en una antesala electoral; le señalan aquellos que se dicen abusados, le señalan aquellos que se sienten hostigados, le señalan aquellos cuyos celulares están amedrentados”, sostuvo Döring Casar.

Por su parte, la diputada Claudia Sánchez Juárez recordó que los casos de espionaje contra periodistas, líderes sociales y políticos no son nuevos en nuestro país y en un Estado de Derecho no debería haber cabida a la más mínima expresión de violación a los derechos humanos.