Ciudad de México.- A cuatro años de la masacre de Iguala se ha demostrado que la política del último gobierno del PRI ha sido profundamente equivocada. El Presidente Enrique Peña Nieto declaró su dolor e indignación, sin entender que esas palabras han tenido una escasa credibilidad entre los mexicanos, aseguró la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, al recordar la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, ocurrida los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La diputada panista apuntó que la actitud gubernamental ha sido acompañada de un constante engaño a las familias de los alumnos desaparecidos, quienes han tenido que soportar el dolor de la desaparición de sus hijos y el desdén, la desatención e incumplimiento de la palabra presidencial de las promesas hechas a todos ellos.

Al hacer uso de la tribuna de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Valdez indicó que a la fecha, el Gobierno ni ha encontrado a los estudiantes ni ha encontrado la verdad, aún hay muchas dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad pública federal y las locales. Quedan dudas sobre la reacción desproporcionada y violenta de las policías municipales, apuntó.

“¿Por qué esa madrugada del 27 de septiembre de 2014 reaccionaron con fuerza letal? ¿Bajo las órdenes de quiénes actuaron dichas policías? La PGR no ha ofrecido una respuesta o razones de fondo y solo infiere que pudo ser la intervención del narcotráfico la que desató la violencia aquella madrugada fatídica, pero la autoridad federal no ha dado más elementos”, indagó.

Apuntó que quedan dudas razonables sobre el móvil y sobre los actores intelectuales de ese crimen, sobre las diligencias y actuación del Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

Para finalizar dijo que los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, “es una herida abierta y latente para el país que refleja la violencia y la barbarie que no han podido ser contenidas y que demuestra el fracaso rotundo del Gobierno Federal en materia de seguridad y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales”, concluyó.