Ciudad de México 10 de septiembre de 2019.- La senadora Minerva Hernández Ramos precisó que detrás de la reforma para combatir la defraudación fiscal existe un claro ánimo recaudatorio, porque las cifras no le cuadran al Ejecutivo federal para atender los programas y proyectos.

“Necesita dinero urgentemente”, señaló la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN).

La legisladora fijó, a nombre de su Grupo Parlamentario, el posicionamiento sobre dictamen para reformar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la de Seguridad Nacional, así como los códigos Nacional de Procedimientos Penales; Fiscal de la Federación, y Penal Federal y advirtió que refrenda su compromiso con los contribuyentes y sus derechos.

La también secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público expresó que para obtener los recursos faltantes para atender la construcción del tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, las universidades Benito Juárez y la atención al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, se pone a los contribuyentes entre la espada y la pared con dicha reforma.

Indicó que con las modificaciones al marco jurídico México se convierte en el primer país en considerar el fraude fiscal como una amenaza a la seguridad nacional, como un delito de delincuencia organizada que amerita prisión preventiva oficiosa y en el que se limitan los beneficios de las soluciones alternas al procedimiento penal.

“Nos están pidiendo aprobar un dictamen completamente a ciegas, sin tener a la mano datos duros que justifiquen la necesidad de estas medidas”, dijo.

La legisladora expresó que Acción Nacional va en contra del dictamen porque cada cambio legislativo propuesto por el gobierno o el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) limita los derechos ya reconocidos a los contribuyentes.

“Se están proponiendo reformas que van en contra del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que resultan inconstitucionales y que, como muchas otras decisiones de este gobierno, tendrán que ser revertidas a través de los mecanismos jurisdiccionales de control constitucional”, expuso.

La también vicecoordinadora económica del GPPAN aclaró que el voto en contra del dictamen no es para proteger a los “factureros” ni los “outsorceros”, los evasores fiscales ni los delincuentes, lo que se pretende es proteger a los contribuyentes responsables.

Reveló que entre las medidas alternas para combatir la evasión fiscal que sean menos lesivas para los derechos de los contribuyentes, está el uso de nuevas y mejores herramientas tecnológicas tal como lo planteó el Ejecutivo federal y, anteriormente, el PAN cuando en julio pasado propuso que el Servicio de Administración Tributaria aproveche el gran volumen de datos derivado de la contabilidad y facturación electrónica para elaborar una evaluación de riesgos de evasión fiscal.