Por Rafael Morgan.- Un elemento indispensable para considerar que una sociedad está bien organizada, es el de la existencia de leyes que ordenan las actividades humanas, de tal manera que todos sus integrantes sepan cuáles son sus derechos y obligaciones, los límites de su actuación y las normas de convivencia social. Algunas de esas leyes serán restrictivas, otras permisivas y algunas punitivas, pero todas ellas ordenadas en la realización del bien común, del bien de todos, de manera que sea posible vivir y convivir en paz, desde el nacimiento hasta la muerte.

La ley principal es la Constitución que crea los órganos de gobierno con sus facultades y limitaciones y donde se reconocen los derechos humanos tales como los derechos a la vida, a la verdad, a la justicia y a la libertad.

En México toda la estructura jurídica, esto es el Estado de Derecho, está en entredicho. El gobierno del actual presidente sólo reconoce aquellas leyes que le favorecen en un momento dado y para algún asunto de su interés, pero luego las desconoce en otro acto porque le impiden alcanzar un objetivo concreto. Han sido múltiples los casos en que la Corte y los jueces invalidan decretos, decisiones y leyes secundarias por oponerse a la Constitución, ante lo cual, el presidente agrega una violación más cuando pretende desconocer las decisiones judiciales o de la Suprema Corte de Justicia, es decir, pretende desconocer las atribuciones del Poder Judicial; y también son ya muchos los casos en que el ejecutivo no acata las disposiciones judiciales en cuestiones de amparo, como ha sido el caso de los recursos interpuestos en defensa de la selva de la Península de Yucatán, ante la destrucción sin freno del tren maya.

Como el Ejecutivo Federal pone el mal ejemplo, también los gobernadores de los Estados pretenden desobedecer las órdenes del Poder Judicial y hasta los Ayuntamientos se han puesto en plan de desacato.

Así se está rompiendo el Estado de Derecho en México y por lo tanto se están rompiendo el conjunto de normas que rigen la convivencia humana.

Y no se crea que ésta es una apreciación subjetiva, sino que a nivel internacional se han percatado de la crisis en que se encuentra el Estado de Derecho en México. Según el diario Reforma del 27 de octubre, la organización World Justice Project informa que México ha retrocedido en los últimos cuatro años en el Índice Global de Estado de Derecho con apenas una puntuación de 0.42, en donde uno es el óptimo; el país ha caído al lugar 115 entre los 140 países evaluados. Dinamarca es el mejor con 0.90, seguido por Noruega con 0.89; el mejor país en Latinoamérica es Uruguay con 0.71 en el lugar 25, por arriba de Estados Unidos que está en el lugar 26 con 0.71 de puntuación. México se ubica en el lugar 115, como ya se dijo, con calificación de 0.42, apenas por encima de El Congo con 0.41 y Bolivia con 0.38 en el lugar 130; Venezuela ocupa el último lugar, 140, con apenas 0.26 de puntuación.

México sale mal evaluado en seguridad y orden, así como en “el deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como la sociedad civil y la prensa”; se observa igualmente el problema de la corrupción, aunque este gobierno presume que “no somos iguales”; en cuanto a los límites que se debe imponer al poder gubernamental, apenas se alcanza una calificación de 0.44. Así pues, también desde afuera nos ven en franca decadencia en Estado de Derecho.

La consecuencia inmediata de que las autoridades violenten el Estado de Derecho es, precisamente, el debilitamiento de los Derechos Humanos.

Causa una pobre impresión que el Secretario de Gobernación, Augusto López, haya declarado que “nosotros creemos que las convenciones internacionales no pueden estar por encima de nuestra carta magna. A los mexicanos que sea la Constitución la que nos regule”, ignorando el mismísimo artículo primero de la Constitución que establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte…”, aceptando por lo tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El reconocimiento de un alto funcionario de este régimen de no aceptar el contenido constitucional sobre los tratados internacionales, muestra que las autoridades actuales no están dispuestos a respetar el Estado de Derecho, excepto cuando les conviene.