Marcos Pérez Esquer.- Algo verdaderamente oculto hay detrás de todo el asunto del General Cienfuegos. Definitivamente las cosas no casan.

No dudo de la inocencia del General Cienfuegos, de hecho, no sólo antepongo el principio de presunción de inocencia -como debería ocurrir con todo acusado-, sino que en el caso concreto parece al menos muy raro que se le acuse de proteger a un cártel de narcotraficantes de medio pelo asentado en Nayarit, encabezado por un tal “H2”. Creo que si el General Secretario de la Defensa Nacional quisiera entablar algún tipo de vínculo con un cártel, no sería con ese, sino con alguno de los que realmente detentan poder económico y de fuego.

Habría que conocer todo el expediente que se dice incluye más de setecientas páginas, pero al menos con la poca información que se ha ventilado sobre esa acusación, la misma parece un tanto inverosímil. Uno podría especular que tanto el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, como el ex gobernador Roberto Sandoval, ambos detenidos en los Estados Unidos acusados de narcotráfico, podrían haber revelado información relacionada con el General, pero no sería más que eso, una mera especulación.

Dicho lo anterior, voy al punto que me interesa. En un primer momento tras la detención del General en Los Ángeles, California, la reacción del gobierno de López Obrador fue prácticamente nula. El presidente se limitó a decir que no estaba enterado de investigación alguna, para tan sólo unos días después reconocer que en realidad la Embajadora de México en Estados Unidos sí le había avisado de alguna investigación al respecto un par de semanas antes de la detención, y hasta ahí. Toda parecía indicar que el gobierno mexicano no haría mayor cosa.

Sin embargo, en lo que para algunos es todo un éxito de relaciones exteriores, el gobierno mexicano logró convencer al estadounidense de que se desestimaran las acusaciones y se trasladara al General a nuestro país como ciudadano libre, y realizar las investigaciones acá.

Que Estados Unidos accediera a una cosa así es inaudito, es totalmente inédito. De hecho, se ha reportado que la decisión de las altas esferas del gobierno estadounidense ha “devastado” a los fiscales del caso. Esos altos funcionarios han reconocido incluso, sin tapujos, que aún considerando que el caso es sólido, privilegiaron el interés de los Estados Unidos por sus relaciones exteriores.

Esto no quiere decir otra cosa que el hecho de que dichas relaciones estuvieron seriamente en riesgo con la detención del General.

Del lado mexicano se dice que se le hizo ver a las autoridades del norte, que una relación en la que uno es cooperativo y otro oculta información, no es equitativa, y que con ello Estados Unidos habría violado el tratado de cooperación respectivo. Pero lo cierto es que a Estados Unidos nunca le ha importado violar tratados, hay incluso un viejo libro en el que se hace un recuento de los cientos de veces que ello ha ocurrido.

¿Por qué no se ha expuesto ese mismo argumento en todos los demás casos en los que Estados Unidos acusa a un mexicano sin dar aviso previo a México? Para no ir muy lejos, eso fue exactamente lo que ocurrió por ejemplo con Genaro García Luna. ¿Por qué en ese caso no se exigió el mismo respeto a la soberanía y a la cooperación internacional?

Evidentemente porque con el General hay algo más. Algunos especulan que la 4T activó todo lo que pudo a su alcance para repatriar al General temerosa de que la información con la que cuenta pudiera verterla en tribunales norteamericanos y comprometerla seriamente; mi hipótesis no va por ahí, creo que lo más probable es que simple y sencillamente el Ejército mexicano dio un manotazo sobre la mesa y exigió esa repatriación.

Hay que recordar el inquebrantable espíritu de grupo y lealtad que existe entre los militares, y en especial entre los Generales, así como el hecho también, de que varios de los que fueron los más cercanos colaboradores de Cienfuegos, ahora mismo ocupan espacios de alto nivel en el Ejército. Incluso el actual General Secretario, Crescencio Sandoval, sin haber sido de los más cercanos, sí llegó a ser nombrado por Cienfuegos como Comandante de la IV Región Militar en Nuevo León y Tamaulipas, en 2017.

Creo que ni siquiera fue necesaria una amenaza concreta por parte del Ejército. Cualquiera puede imaginar lo que habría ocurrido si las Fuerzas Armadas simplemente deciden dejar de colaborar con el Presidente. Ya sin fuerza policial, qué habría sido de la seguridad pública, por ejemplo; qué habría sido de la Guardia Nacional; qué habría sido del propio Presidente en un momento de crisis institucional. Sin duda, mucho estaba en juego.