Esther Quintana.- Cuando el hombre decidió abandonar las dos leyes que rigieron sus relaciones en los primeros tiempos de la humanidad, me refiero a la del más fuerte y a la del Talión, dejó la barbarie y nació el orden jurídico, primero fue costumbre y luego se convirtió en ley. El Derecho nació como una necesidad para coexistir en comunidad y también como instrumento para alcanzar los fines de esa comunidad. ¿Cuáles? La justicia, el orden, la seguridad, la armonía social, entre otros.

Triste, indignante y lamentablemente, en nuestro país no existe esa cultura. La ley no se respeta, se viola, se aplica discrecionalmente, es tan común hacerlo de esa manera que la frase “las leyes se han hecho para violarlas”, aplica perfectamente para describir tan deleznable fenómeno. Autoridades y población la han convertido en práctica recurrente. Ha permeado ese “entendido” en muchos sectores de la sociedad, a todos los niveles, para que quede bien claro. La corrupción pudre al país hasta el tuétano. La ley se burla flagrantemente, se mandan a paseo las normas de justicia y de verdad. El deporte favorito en México es violentar la ley y que no le pase a nada a quien lo hace. La corrupción vulnera cuanto toca y se ha vuelto tan cotidiana la acción que a nadie sorprende, ni molesta. Está aceptado que así es y que no hay forma de contrarrestarla.

Escribía don Manuel Gómez Morín el siglo pasado –¡pero qué vigencia tienen sus palabras!– que “el dolor que unos hombres causamos a otros hombres, el dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia de hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas”. La inobservancia de la ley provoca mucho dolor. Debiera caérseles la cara de vergüenza a las autoridades y provocar una indignación profunda a quienes la hemos tolerado. Porque es de cobardes, de malos mexicanos, quedarnos inmutables ante semejante avalancha de porquería tolerada, de gente a la que le pagamos para que no ocurran tragedias en las que se pierde la vida y se daña a sus deudos, pudiendo evitarlo.

Y este largo preámbulo viene a cuentas por lo que de nueva cuenta se está viviendo en la región minera de Coahuila. Ya ocurrió lo de Pasta de Conchos y no pasó nada, y hoy lo del Pozo de El Pinabete… y ambos pudieron haberse evitado. ¿Cómo? Con la observancia de la ley, porque en la ley se establecen los supuestos para que no volviera a suceder. Si usted lee el Capítulo 13 Bis de la Ley Federal del Trabajo, referente a los Trabajadores en Minas, corroborará lo que aquí afirmo. Los artículos van 343A al 343D. Por favor, entérese. Mientras nos siga valiendo una pura y dos con sal las leyes, seguirán siendo letra muerta. Ya es hora de mandar al carajo nuestra desgraciada indiferencia. En el articulado en mención se mandata que sus disposiciones son aplicables en “…todas las minas de carbón de la República Mexicana, y a todos sus desarrollos mineros… ya sean, minas subterráneas, minas de arrastre, tajos a cielo abierto, tiros inclinados y verticales, así como la extracción en cualquiera de sus modalidades, llevada a cabo en forma artesanal, mismas que, para los efectos de esta Ley, son consideradas centros de trabajo”. También que deben actualizarse los planos, estudios y análisis para que las actividades mineras de desarrollen en condiciones de seguridad. Que es obligatorio “contar con sistemas adecuados de ventilación y fortificación en todas las explotaciones subterráneas, las que deberán tener dos vías de salida, por lo menos, desde cualquier frente de trabajo, comunicadas entre sí”. Es categórica la legislación cuando establece que: “Los operadores de las concesiones que amparen los lotes mineros, en los cuales se ubiquen los centros de trabajo… deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con sus obligaciones”. ¿Dónde están los inspectores de trabajo? ¿A qué se dedican? En la Legislatura 62, de la que yo fui parte, presentamos una Iniciativa para que desaparecieran los tristemente famosos “pocitos”, por los riesgos tan altos que representan. No pasó de Comisiones. ¿Por qué? Porque hay muchos millones de billetes de por medio. Pero aún así, con lo que hay en la ley, si se observara, esta tragedia pudo haberse evitado.

¿Cuántos más van a morir? ¿Cuántos millones más de billetes van a seguir embolsándose los regenteadores de la muerte –bien pertrechados en su amasiato con el gobierno–? CFE haciéndolos más ricos, ¡qué ausencia de progenitora! ¿Cuándo diablos van a crearle otro modus vivendi a la gente que vive en esos lugares? ¿O tienen que seguir condenados a ese infierno que les roba la salud y la vida, a perpetuidad? Lo que estamos viendo en Sabinas, en proyección nacional, es la prueba reina de que estamos reprobados gobernantes y gobernados en este país. Los primeros por sinvergüenzas y desalmados y los segundos por cobardes y borregos. Al país se lo está cargando Gestas… ¿Y qué?