“Sin Justicia Independiente, no hay Derecho a la Salud“

La historia del derecho a la salud en México es, en buena medida, la historia de la consolidación de los derechos sociales en nuestro país y de la batalla constante por dotarlos de un contenido real y exigible. Como médico desde 1978 y diputado en cinco ocasiones, he sido testigo de cómo, a pesar de su reconocimiento constitucional, el derecho a la salud ha enfrentado obstáculos estructurales, normativos y políticos que han impedido su pleno ejercicio. Sin embargo, también he presenciado cómo el Poder Judicial —especialmente a partir de la reforma constitucional de 2011 y del principio pro persona— se ha convertido en el actor clave para transformar en realidad lo que durante mucho tiempo fue solo una promesa en el papel.

Hoy, a la luz de los resultados de la reforma que instauró la elección de jueces y ministros por “voto popular” —con la sombra de una participación ciudadana menor al 10 % y listas de candidatos controladas mediante acordeones por el partido Morena y sus aliados—, pongo sobre la mesa la importancia de un Poder Judicial verdaderamente independiente. El futuro del derecho a la salud, y de todos los derechos sociales, está en juego.

El derecho a la salud fue incorporado a la Constitución mexicana en 1983. No obstante, su formulación, como la de muchos derechos económicos, sociales y culturales (DESC), adolecía de una “textura abierta”: una redacción general, carente de especificidad sobre su contenido esencial, las obligaciones del Estado y los mecanismos de exigibilidad. Así, durante décadas, la salud fue un derecho más programático que operativo, dependiente de la voluntad política y de la interpretación administrativa, como lo describe Iván González del Valle.

La Ley General de Salud de 1984 y sus hasta ahora 139 reformas intentaron llenar ese vacío, pero persisten problemas de cobertura, calidad, infraestructura, recursos humanos y materiales, así como una falta de claridad sobre los derechos concretos de los usuarios y las obligaciones de las autoridades. La realidad cotidiana de millones de mexicanos es la de hospitales insuficientes, medicamentos escasos y servicios de baja calidad, lo que ha llevado a una creciente judicialización de la salud como único mecanismo efectivo de defensa.

La reforma constitucional de junio de 2011 marcó un antes y un después. Al incorporar el principio pro persona y establecer la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, abrió la puerta a una interpretación expansiva y protectora de los derechos sociales, incluida la salud. El Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió un papel protagónico al dotar de contenido y exigibilidad al derecho a la salud frente a la inacción o insuficiencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Las sentencias comenzaron a definir, caso por caso, los componentes esenciales del derecho a la salud: acceso a medicamentos, atención médica oportuna, consentimiento informado, responsabilidad médica, protección contra riesgos sanitarios y salud pública. Se estableció, así, que el Estado tiene la obligación de garantizar tratamientos adecuados, suministrar medicamentos esenciales, proteger la salud de los grupos vulnerables y asegurar la calidad y seguridad de los insumos médicos, entre otros aspectos.

Ejemplos paradigmáticos de este activismo judicial incluyen el caso de la comunidad indígena de Mini Numa, donde se ordenó la construcción de un centro de salud, y el caso de Pabellón 13, que obligó a adaptar servicios hospitalarios para pacientes con VIH/SIDA. Más recientemente, durante la pandemia de COVID-19, fue el Poder Judicial el que ordenó al Ejecutivo vacunar a los niños y a los profesionales de la salud del sector privado, corrigiendo omisiones graves en la política pública.

Estos avances no habrían sido posibles sin un Poder Judicial independiente, capaz de resistir presiones y de interpretar la Constitución a la luz de los tratados internacionales y del principio pro persona. El precedente judicial, incluso en un sistema de tradición romano-germánica como el mexicano, se ha convertido en un instrumento fundamental para la construcción y protección de derechos, permitiendo que criterios innovadores y progresistas orienten futuras decisiones y obliguen a las autoridades administrativas a cumplir con sus obligaciones.

La independencia judicial es una condición sine qua non para la democracia y los derechos humanos. Cuando el Poder Judicial es capturado por el Ejecutivo, o sus integrantes son elegidos mediante mecanismos opacos, clientelares o controlados por una sola fuerza política —como ocurrió el pasado primero de junio—, los derechos sociales se convierten en rehenes de la coyuntura y de los intereses partidistas.

La forma y el fondo de la elección judicial nos llevarán, sospecho, a la dilución de esa independencia y a la conversión del Poder Judicial en un apéndice del Ejecutivo. La experiencia comparada demuestra que la politización de la justicia debilita la protección de los derechos, especialmente los sociales, que requieren de jueces valientes y autónomos para enfrentar las omisiones y abusos del gobierno.

En materia de salud, esto puede significar el retroceso de conquistas logradas a través de la vía judicial: el acceso a medicamentos, la protección de grupos vulnerables, la atención a enfermedades raras o costosas, y la defensa de la salud pública frente a intereses comerciales o políticos. Sin un Poder Judicial independiente, las sentencias que han obligado al Estado a vacunar a niños o a proteger a profesionales de la salud pueden convertirse en excepciones… o simplemente dejar de existir.

La historia del derecho a la salud en el México reciente es la historia de una lucha constante por transformar derechos de papel en derechos reales, con más de una veintena de decisiones judiciales relevantes que respaldan esta afirmación. Debemos estar vigilantes para que los jueces “electos” sigan siendo el puente entre el enunciado normativo del derecho a la salud y su exigibilidad ante los demás poderes, so pena de caer, otra vez, en promesas vacías.

Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.