Marcos Pérez Esquer.- Durante al menos los 10 años previos al inicio de su gestión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no dejó de criticar lo que él denominaba “la guerra de Calderón”, o “la guerra contra el narco”, y, en consecuencia, al asumir la titularidad del Ejecutivo, paró en seco las operaciones policiacas y militares contra la delincuencia organizada, para evitar los enfrentamientos y abatir los homicidios dolosos. Fue lo que llamó, una política de “abrazos, no balazos”.

Los resultados de esta política han sido desastrosos. A cuatro años y medio de gestión, el actual gobierno ya superó la cantidad de homicidios dolosos registrados durante toda la administración del presidente Peña Nieto, y no se diga la de Felipe Calderón.

Con información de TResearch recabada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del INEGI, hoy sabemos que, al día de ayer, este gobierno había acumulado 156,204 homicidios dolosos, con lo que rebasa ya, cuando aún le queda un año y cuatro meses de gobierno, los 156,066 asesinatos ocurridos durante los seis años del gobierno anterior, y los 120,463 acaecidos en el sexenio calderonista.

Ahora bien, si comparamos períodos iguales, es decir, si comparamos los homicidios ocurridos durante los primeros 54 meses de cada uno de esos gobiernos, la cosa se pone mucho peor, porque en el caso de Calderón, se alcanzaron 80,686 homicidios, mientras que en el de Peña fueron 102,594, en tanto que con Obrador ya van esos 156,204 que comentábamos. Es decir, con López Obrador hemos tenido un aumento del 53% en asesinatos, y eso que, como se sabe, las autoridades actuales se esfuerzan por maquillar las cifras registrando algunos homicidios como culposos, y no como dolosos; igualito que cuando registraban fallecimientos por “neumonía atípica”, para no aumentar las cifras de muertes por covid.

El presidente dirá que es la herencia del pasado, que le dejaron un cochinero, que ya no hay corrupción, pero la evidencia muestra que esos no son sino pretextos, mentiras, y reflejos de una enorme ineptitud. Cuando ya han transcurrido tres cuartas partes de su periodo presidencial, no puede justificar en el pasado sus pésimos resultados, máxime cuando se le han dado todos los instrumentos que ha pedido para enfrentar al crimen, como la Guardia Nacional, y un permiso para la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Pero en vez de cumplir con su promesa de pacificar al país, ya convirtió a su gobierno en el más mortífero de la historia, y con el ritmo al que vamos, TResearch proyecta que al cierre del sexenio se habrán superado los 200,000 homicidios dolosos. Para ponerlo en contexto, tengamos en cuenta que, en la guerra contra Ucrania, el ejército ruso ha abatido a 100,000 combatientes ucranianos. O sea que lo nuestro es ¡dos veces peor que una invasión rusa!

Ante su estrepitoso fracaso, el gobierno utiliza como estrategia de comunicación el golpeteo constante al Poder Judicial, culpándolo de liberar delincuentes, de ser corrupto, de estar “podrido”, siendo que, en la gran mayoría de los casos, cuando un juez libera a un acusado es porque la fiscalía no acredita su culpabilidad, pero el presidente no la emprende contra el Fiscal, porque es parte de su equipo político.

Pero atacar al Poder Judicial, y sobre todo a la Suprema Corte, sí le reditúa políticamente. Al menos de cara a su base electoral le permite compartir con el Judicial sus propios fracasos, restarle legitimidad a las resoluciones jurisdiccionales que le son adversas, y concentrar el poder; como lo concentra cada vez que golpea y debilita a prácticamente todos los organismos autónomos.

La pregunta que salta es, ¿y para qué concentrar poder si no lo utiliza para lo importante que es combatir a la delincuencia organizada? De hecho, todo indica que ya no enfrentará nunca al crimen organizado; obstinado como lo es, no corregirá, y no aceptará su gravísimo error. Es más, hay claros indicios de que su régimen se siente bastante cómodo con la incursión de los cárteles en las campañas electorales y en los gobiernos locales. Ahora sí que tenemos narco-gobiernos por doquier, y estamos a un tris de tener un narco-Estado.

El presidente quiere poder para perpetuar su régimen, un régimen inepto y corrupto, que traslada la guerra contra el narco, a una guerra contra los jueces.

En eso sí que ha habido una importante transformación: mientras que la guerra de Calderón era contra la delincuencia que sembraba violencia, la guerra de Obrador es contra los jueces que administran justicia.