Por Alejandro Díaz.- Durante siglos el respeto a la palabra empeñada no se cuestionaba. Romperla equivalía (y equivale) a traición. Quien lo hace no merece ya ser considerado interlocutor válido. Si bien nadie debe intentar entrar a una negociación con una ingenuidad de monje carmelita, la palabra empeñada verbalmente, y especialmente por escrito, debe ser cumplida.

Ahora parece que ya no. El reciente ataque con cohetes a Odessa, el mayor puerto marítimo de Ucrania hace ver que ni Putin ni el ejército ruso son capaces de comprometerse. Después de una larga negociación entre el país invadido y el invasor, bajo el auspicio de Turquía y de la ONU, se llegó a un acuerdo que por un momento permitió respirar al mundo. Sin eufemismos, este acuerdo alejaba el peligro de hambruna a decenas de países, en especial de África (pero también Líbano y Siria), a los que el fantasma del hambre los asedia sin el trigo que se produce en la región.

No habían pasado ni 24 horas desde la firma cuando la armada rusa lanzó cinco cohetes al puerto donde se preparaban exportaciones que requiere principalmente el Tercer Mundo. Interceptaron tres de ellos y los dos restantes no causaron mayor daño físico pero sí destrozaron la confianza al armisticio acordado y firmado. Nuevamente la sombra de la hambruna cubre a África gracias a esa falta de palabra.

No sólo Putin tiene poco aprecio por la palabra empeñada, tampoco lo tiene el inquilino de Palacio quien dice no estar violando el Tratado de Libre Comercio, ahora llamado T-MEC. Después de meses de impedir a compañías comercializar energía eléctrica ecológica, inclusive las que lo hacían desde antes que llegara, dice que respeta el espíritu y la letra de dicho tratado. Intentó modificar la Constitución para reforzar el monopolio eléctrico, y al no poder hacerlo recurrió a otras medidas para acercarse a su objetivo. Restringió permisos para instalar generadoras eólicas y solares e impidió la venta de la energía producida por particulares, ambas medidas en contra de lo acordado en el T-MEC.

Estas medidas afectan no sólo los intereses norteamericanos y europeos sino también los de muchos pequeños inversores mexicanos que han visto cómo este monopolio restringe inversiones que requiere el país. La CFE ya se dió cuenta que el futuro está en las fuentes de energía limpia y ha comenzado a planear inversiones en ese campo. A pesar de ello, el inquilino de Palacio persiste en cerrar la llave eléctrica a particulares que son el camino para cubrir la demanda eléctrica que requerirá México en los próximos años porque el gobierno no tiene el capital necesario.

Después de agotar los recursos legales, compañías que habían invertido en México al amparo del T-MEC y del TLC con la Unión Europea, es que recurrieron a sus autoridades. Estados Unidos y Canadá han iniciado la reclamación formal pero es sólo cuestión de tiempo para que inicien las de otros países. Sólo los inversionistas mexicanos carecen de instancias a las que recurrir aunque la Suprema Corte aún no se define al respecto de 250 amparos ante la Ley de la Industria Eléctrica.

Mientras se resuelve el diferendo mediante un arbitraje internacional están detenidas ofertas por 800 Megawatts que requiere el país para seguir recibiendo inversiones necesarias para ofrecer empleos a millones de jóvenes que anualmente alcanzan la edad productiva.

¿Qué intenta este gobierno? Además de desperdiciar 35 mil millones de dólares en inversiones disponibles arriesga la imposición de aranceles a las exportaciones. ¿Quiere envolverse en la bandera para excluir a México del T-MEC y hacer crecer la pobreza aún más?

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