Marcos Pérez Esquer.- El próximo domingo muchas y muchos ciudadanos marcharemos en defensa del Instituto Nacional Electoral. No, no es una marcha de racistas, clasistas e hipócritas, como en su infinita insolencia ha dicho López Obrador, es todo lo contrario, es una marcha de gente preocupada y ocupada en defender la democracia y un mejor futuro para la gente. Lejos de arredrarnos, sus insultos -inadmisibles en un jefe de Estado- son acicate para quienes más queremos a México.

Salir a marchar es imperioso porque, lejos de lo que han sostenido legisladores del oficialismo en días recientes en el sentido de que el INE no está en riesgo y que solo buscan fortalecerlo, lo cierto es que, al menos partiendo de la propuesta de reforma electoral formulada por el presidente, su verdadera intención es eliminarlo, y con ello, dar un paso más en la instalación de un régimen autoritario.

La propuesta contiene varios puntos que, de aprobarse, devendrían en el debilitamiento de nuestra democracia, y la eliminación del INE es tan solo uno de ellos, pero en cuanto a este punto en concreto, plantea sustituir una institución que se ha ido consolidando en la confianza de la gente a lo largo de los años y a partir de su buen desempeño en la organización de múltiples procesos electorales, para reemplazarla por otra sometida a los designios del “cuatroteísmo”, denominada Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Sostengo que un eventual nuevo INEC estaría sometido a las directrices del oficialismo porque las y los 7 consejeros (que ya no 11), serían electos por voto popular, a partir de candidaturas propuestas por instancias dominadas por el obradorismo: 20 propuestas serían formuladas por el propio presidente López Obrador, otras 20 por el Poder Legislativo (hoy dominado por Morena), y otras 20 por el Poder Judicial (cada vez más sometido al Ejecutivo). Así, de entrada, las 60 propuestas que se someterían al voto de la gente, ya estarían parcializadas a favor de Morena, o al menos en su gran mayoría. Pero después, ya en la elección de las 7 personas que finalmente integrarían el nuevo INEC, vendría la operación de quienes tienen redes de apoyo electoral (es decir, del gobierno y sus partidos), para hacer ganar justo a las 7 personas más afines a su proyecto político. El asunto terminaría siendo una mera simulación (como las consultas populares y la revocación de mandato) para legitimar la captura del árbitro electoral por parte de uno de los jugadores. Nuestra democracia retrocedería décadas.

Cierto es que muchas personas ven con buenos ojos la idea de elegir a las y los consejeros a través del voto popular, pero hemos de recordar que, en la experiencia internacional eso nunca sucede así, de hecho, ninguno de los 217 países que tienen autoridades electorales similares al INE los seleccionan por voto popular; y no por poca cosa. Cuando se selecciona a estas personas, la idea es encontrar a los perfiles técnica y moralmente más solventes, y más imparciales, y no a los más populares. Por eso, los países con modelos más exitosos de selección, utilizan algo como lo que ya tenemos en México, es decir, un comité técnico de evaluación, que filtra a las y los aspirantes mediante diversos exámenes. Ese comité ciudadano, conformado por 7 personas de reconocido prestigio (3 propuestas por la Junta de Coordinación Política de la propia Cámara de Diputados, 2 por la CNDH, y 2 por el INAI), le propone a las y los diputados, los mejores perfiles, en razón de 5 personas por cada cargo vacante. Finalmente, la Cámara de Diputados vota por mayoría calificada las propuestas recibidas del comité. Si al agotarse los plazos legales no se ha realizado la votación, o no se ha alcanzado la mayoría calificada, se les selecciona de entre esos mismos perfiles mediante insaculación. Si la Cámara de Diputados omitiere dicha insaculación, la haría la Suprema Corte en sesión pública.

Como puede verse, el mecanismo ya es bastante seguro para garantizar que se seleccionen perfiles idóneos e imparciales.

Pero para colmo, la propuesta presidencial establece un sistema similar para elegir a las y los magistrados del Tribunal Electoral. Elegir jueces por voto popular sería otro desastre. Ya lo vimos con lo ocurrido en Bolivia cuando en 2011 Evo Morales reformó la Constitución para que todos los jueces fueran electos por voto popular; a la postre, en 2016, tenía ya tan doblegados a los tribunales, que le autorizaron buscar su segunda reelección cuando esa misma Constitución solo permitía una.

Ante este asedio del populismo autoritario, es obligación moral y política de toda y todo ciudadano de bien, marchar para defender al INE y a nuestra democracia, así que, nos vemos el domingo.