Chihuahua, Chih. 3 de diciembre de 2020.- Judicialización de algunos casos coincide con los tiempos electorales, que se activaron tras la negativa de la libertad bajo caución girada al exgobernador preso en Florida.

El gobernador Javier Corral, afirmó que en el caso de la denominada “nómina secreta” en la que se vincula a distintos actores políticos, incluidos miembros de su partido, no tuvo alternativa para excepcionar a nadie, “eso no lo podría hacer nunca”, reiteró.

En entrevista para “En línea directa con el Gobernador”, que conduce Sergio Valles en Canal 28 de televisión, denunció que a una parte de la militancia del PAN se le trasladó información falsa y han tratado de desprestigiar lo que es su principal compromiso: combatir la corrupción y la impunidad hasta sus últimas consecuencias en Chihuahua, que aseguró, habrá de cumplir porque ese es su principal compromiso y será su principal legado.

Recordó que este tema es uno de los más importantes contenidos en la operación Justicia para Chihuahua, que fue una forma de corrupción implementada por el exgobernador, que se generó mediante sobornos que se realizaban a través de entregas de dinero en efectivo, a actores políticos y de distintos ámbitos.

Dijo que el tema que se reactivó a partir de la detención del propio exmandatario estatal en el estado de Florida, Estados Unidos y los procesos de judicialización se activaron cuando la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de que se le había negado la libertad bajo caución.

Corral explicó que varios de estos casos han sido presentados ante los jueces y otros actores se han acogido a los criterios de oportunidad, que fueron ofrecidos a todos los involucrados, quiénes al aceptar el beneficio indebido, aportaron datos sobre la forma en que se operó, quién lo dispuso e hicieron la reparación del daño.
“Lamentablemente involucró a actores de distintos partidos, incluido mi propio partido”, con los que, sostuvo, “no puedo hacer excepciones, ni privilegios”.

Ante las investigaciones, el mandatario estatal dijo, que no es casual que ahora los involucrados se digan perseguidos políticos -el primero de ellos el exgobernador-, y otros que hoy se encuentran sentenciados o con una investigación en proceso.

El titular del Ejecutivo recordó que hubo otros actores que simple y sencillamente no consideraron los criterios de oportunidad, al pensar que no se actuaría; es decir, que tuvieron tiempo para arreglar sus problemas con la justicia y como no lo hicieron, buscaron la exoneración y que cerraran los expedientes.
Javier Corral expuso que él, como gobernador, no se expondrá a que después digan que tuvo un criterio de selectividad y solo persiguió la corrupción de un solo partido y no la del resto, incluso la del suyo.

“Nunca iba a caer en ese supuesto, pero hubo actores que no solo no creyeron que así iba a ser y confiaron en precisamente abrigase en los temas electorales para tratar de eludir las decisiones”, narró a Sergio Valles.

Explicó que no ha sido fácil tomar estas decisiones, pero que no puede asumir la responsabilidad de otros. “Lo digo con claridad, he asumido las consecuencias políticas de este actuar, porque luego se me acusará de que hicimos criterios de selectividad”.

Luego, cuestionó: “Estos casos los conocen todos los fiscales; con qué cara los veo si luego saben que estoy excepcionando a los de mi propio partido, cómo les puedo pedir cualquier cosa en términos de arriesgarse, de lo que hemos hecho”.

Corral recordó que en varias ocasiones señaló públicamente el tema de la “nómina secreta”, donde ahora se involucra a otro actor político importante, como es el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien también se declaró perseguido político.

Enfatizó que más que preguntarse si el tema coincide con los tiempos electorales, se debe considerar mejor si hay los elementos suficientes en la carpeta de investigación o si es cierto o no que se cometieron las conductas que dice el ministerio público, para que los jueces lo determinen.

Al legislador se le atribuye su probable participación en estos hechos de corrupción, según la evidencia de la investigación esto se habría dado entre los años 2013 y 2015, y en virtud de un acuerdo con el exgobernador recibió de manera reiterada e ilegal dinero público, precisó el mandatario.

“Yo espero que la Cámara (de Senadores) no se convierta en un refugio de la impunidad”, añadió.
Indicó que este dinero siguió la misma mecánica de los demás casos en que otros reconocieron su responsabilidad, al aceptar la mecánica de entrega del dinero que era para el pago de los empleados estatales y fue desviado de la Secretaría de Hacienda.

Cada persona que recibía el dinero firmaba de recibido; “en el caso del senador, están los documentos acreditados, dictaminados. Hay dictámenes grafoscópicos con su firma, además de distintos testimonios”, afirmó.

Señaló que su gobierno enfrenta una de las redes de corrupción política más grandes del país y los fiscales han tomado riesgos y decisiones con valor en riesgo de su propia vida, “porque no enfrentamos nada más a un corrupto o corruptor, sino a un conjunto de actores que nos han golpeado en distintos frentes”.

Manifestó que primero buscaron en el aspecto político-electoral para blindarse frente a esta acción, “creyeron que no lo íbamos a tomar, ¿pues no saben de qué estamos hechos?”.