Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de junio de 2022.- Este martes 28 de junio, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de dictamen para modificar la Ley General de Salud, que restringe el derecho a objeción de conciencia para los profesionales de la salud, violando la autonomía de médicos y personal de enfermería en el ejercicio de su profesión. Es una reforma que impedirá que la comunidad médica se excuse de realizar procedimientos como la eutanasia, el aborto o la investigación en animales, cuando consideren que atenta contra sus principios éticos, morales o religiosos, informó el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

Es un contrasentido que Morena quiera legislar en materia de aborto y eutanasia de manera urgente, pero que no quiera reconocer a los profesionales de la salud el derecho para negarse a participar en estos procedimientos, violando con ello, su derecho a la libertad de conciencia establecido en la Constitución.

Además, el dictamen busca criminalizar y sancionar a quienes hagan valer este derecho en las instituciones de salud, puesto que, se contemplan sanciones civiles, administrativas y hasta penales, para los médicos y personal de enfermería que, “bajo la premisa de objeción de conciencia”, se lee en el dictamen, ocasionen retraso o entorpecimiento de los servicios de salud.

Ahora, Morena quiere sancionar a la comunidad médica por el retraso en los servicios de salud, cuando es a la autoridad sanitaria a quien corresponde que existan las condiciones para que los pacientes sean atendidos con calidad, que exista la infraestructura y los medicamentos necesarios.

El dictamen que Morena aprobó en la Comisión de Salud, que había sido rechazado en diversas ocasiones por su contenido violatorio a los derechos humanos, pero que insisten en retomar, pondrá barreras en la ley, para que la objeción de conciencia sea irrealizable, limitando el derecho que tienen los profesionales de la salud para ejercer la medicina en libertad.

El proyecto aprobado por Morena y aliados dice que, la Secretaría de Salud establecerá la autoridad competente para determinar la procedencia de la objeción de conciencia, dicha autoridad deberá pronunciarse en un plazo breve, y de no hacerlo se considerará que opera la negativa ficta.

Esto va totalmente en contra de la autonomía y libertad de la persona. El derecho a la objeción de conciencia, conforme a la propia Constitución, es individual y le corresponde a cada persona ejercerlo, puesto que, en este proceso se ponen de manifiesto las convicciones éticas, morales, religiosas. Ninguna autoridad puede condicionarlo o negarlo, más que por los límites que marcan los derechos humanos de terceras personas.

Lo que en realidad quiere Morena es que, en la práctica, ningún profesionista se pueda negar a atender casos, como abortos o eutanasia, que, de acuerdo a su ideología, deberían ser la norma. Sin importar que millones de mexicanas y mexicanos, entre ellos, profesionales de la salud, piensen de manera distinta.

En otro punto de su proyecto, Morena quiere contar con un registro de objetores de conciencia, para tener identificados a quienes han manifestado su derecho a no participar en procedimientos médicos que vulneren sus convicciones personales.

Eso puede resultar en una grave violación a los derechos de miles de médicos y personal de enfermería: corremos el riesgo de que exista discriminación, señalamientos públicos, que se afecte el desarrollo profesional de los objetores, que sean hostigados, amenazados, o que sea un factor determinante para un despido.

El Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa el pasado 19 de enero, para cumplir con el exhorto que el Poder Judicial realizó al Congreso de la Unión y actualizar la Ley General de Salud a fin de hacer válido el derecho a la objeción de conciencia, con los límites que marca el respeto a los derechos humanos, también otros grupos parlamentarios presentaron sus iniciativas, pero solamente se tomó en cuenta la propuesta de Morena, con el propósito de hacer una ley cargada de ideología de la 4 T.

Las y los diputados del PAN: Éctor Jaime Ramírez Barba, Martha Estela Romo Cuéllar, Leticia Zepeda Martínez, María del Carmen Escudero Fabre, Mariana Mancillas Cabrera, Juan Carlos Maturino Manzanera y Vicente Javier Verástegui Ostos, votaron en contra de ese proyecto de modificación a la Ley General de Salud y lucharán para que se reconozca de manera efectiva el derecho constitucional a la objeción de conciencia en el sector salud.