Mientras que Morena lo enmarca como amenaza a la soberanía. como una estrategia pre-electoral para debilitar a la oposición en Chihuahua,  el gobierno estatal y la oposición lo presentan como prueba de que se pueden dar golpes al narco con cooperación pragmática, acción que fortalece la percepción de la inacción  del gobierno federal frente al control territorial del crimen en zonas afines a Morena.

Desde un punto de vista ético, el golpe asestado al crimen organizado debería pesar más que los argumentos formales de soberanía y legalidad, aunque ciertamente estos últimos no deben ignorarse por completo.

Desde un punto de vista ético hay que ver que el desmantelamiento de un narcolaboratorio  salva más vidas y reduce más sufrimiento que el riesgo marginal de “injerencia” en un operativo puntual con inteligencia compartida. En cuanto al deber ser sigue habiendo una obligación de seguir protocolos legales, pero el deber superior es combatir el mal mayor cuando este amenaza la supervivencia social.

En síntesis: el golpe al narco pesa más éticamente porque este es una amenaza existencial para miles de personas. Por otra parte justo medio  del ciudadano debe ser exigir resultados más legalidad transparente, objetando tanto el romanticismo soberanista que paraliza la acción, como el pragmatismo  que ignora instituciones. La opinión pública hará bien en preguntar: ¿este operativo del gobierno del estado de Chihuahua salvó más vidas de las que arriesgó? Y a su vez debe exigir que futuros operativos se hagan mejor coordinados, no que dejen de hacerse.