Ciudad de México, 17 de julio de 2019.- El Congreso de Baja California atentó contra su Constitución Política con la anuencia del Gobernador Electo, Jaime Bonilla Valdez, por lo que el Congreso de la Unión deberá presentar una acción de inconstitucionalidad e iniciar un proceso de juicio político en contra de los diputados de Baja California que aprobaron la reforma para alargar de dos a cinco años el gobierno en esa entidad, sentenció el PAN.

En voz de la diputada federal, Lizbeth Mata Lozano, esta medida inconstitucional en Baja California es un precedente que no se puede permitir, “porque es un peligro no solamente para el estado de Baja California, es un peligro para el país”.

Y es que tanto en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados, se puede presentar una iniciativa similar, se puede ampliar o se puede acortar el término del propio Presidente de la República, si fue electo por seis años, se puede elegir por 15 o por tres, “no les quiero dar ideas, pero eso puede suceder y, por supuesto, que es un antecedente antidemocrático”, alertó.

Es peligroso para la democracia, insistió la diputada de Acción Nacional, por lo que “no debemos permitir este precedente”.

Al aprobarse en votación económica el Acuerdo de la Mesa Directiva en relación con el Exhorto a dejar sin efecto el decreto que reforma el artículo octavo transitorio del decreto no. 112, de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado el 8 de julio de 2019.

Estamos coincidiendo y estamos generando una exigencia de la legalidad y de la democracia y ese precedente sí quedará en la historia sobre esta exigencia y sobre no permitir más actos ilegales, inconstitucionales y antidemocráticos, acotó Lizbeth Mata.

Desde la tribuna la diputada del PAN, originaria de Baja California, remarcó la importancia de realizar acción de juicio político a todos los diputados que aprobaron esta iniciativa es precisamente, por ese ataque a las instituciones democráticas y por faltar a su derecho u aplicación de generar esta legalidad sobre la propia Constitución.

Sin duda también debe de analizarse si existe algún delito que se haya cometido, porque “es a todas luces que existe la posible corrupción y no lo dicen todos los ciudadanos de Baja California, lo dijo específicamente un diputado tres semanas antes de aprobar esta iniciativa”.

Lizbeth Mata citó palabras de un diputado local, que denunció que se le ofrecía 1 millón de dólares para aprobar y generar este cambio, “él lo dijo en una rueda de prensa y, posteriormente a ello, se le olvidó y tres semanas después, aprobó esta reforma anticonstitucional”.

Por tanto, los siguientes pasos serán la acción de inconstitucionalidad, que se especifica claramente en el artículo 105 Constitucional, en donde la principal característica es el ataque a las instituciones democráticas, esta acción de inconstitucionalidad puede realizarla el Poder Ejecutivo, también el 33% del Congreso de la Unión o bien, los partidos políticos.