Ciudad de México, 13 de mayo de 2021.- Los integrantes del Grupo Anticorrupción (GAC) en la Cámara de Diputados, integrado por legisladores de Acción Nacional, presentaron un punto de acuerdo para exigir medidas que garanticen la salud y los derechos humanos de las personas lesionadas y los familiares de quienes perdieron la vida a consecuencia de los actos de corrupción en la construcción de la Línea 12 del metro en la Ciudad de México, “obra emblemática” del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard.

Ante ese lamentable suceso, los integrantes del GAC nos solidarizamos con los familiares de los deudos y con las personas heridas en esta tragedia y solicitamos se les trate como lo que son, víctimas; y con ello, que se repare el daño causado a cada una de ellas.

A una semana del colapso que pudo evitarse porque hubo advertencias en diferentes momentos, consideramos que las 26 personas fallecidas fueron arbitrariamente privados de la vida y los lesionados sufriendo un grave menoscabo a su salud.

Ello, debido a los errores en la construcción y la inacción en su mantenimiento por parte de las autoridades y empresarios que construyeron mal y a sobreprecios la línea 12 del metro; así como las restricciones presupuestales de hoy y la incompetencia de sus actuales dirigentes, como es el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum.

Está claro que la falta de transparencia y probidad en materia de obras públicas ponen en riesgo la vida de las personas más pobres. Aunado a ello, “la incompetencia está cobrando vidas y se deben fincar las responsabilidades correspondientes a quienes estén incumpliendo con su trabajo; las omisiones que son responsabilidad de alguien, hoy ha costado la vida de muchas personas, lo que constituye un delito. Y es que lo que sucedió en la línea 12 no fue un accidente, fue corrupción y negligencia”, sentenció la coordinadora del GAC, la diputada, Marcela Torres Peimbert.

Lo arriba señalado está basado en diversas investigaciones periodísticas publicadas con anterioridad, que además señalan irregularidades de la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto. En 2018, su empresa Urban Travel Logistics había ganado contratos millonarios en el gobierno de Enrique Peña Nieto; uno fue en el paso Exprés, el del socavón.

Ese año, compró una casa en 31 mdp. Hoy, según la Plataforma Nacional de Transparencia gana 17,761. En cambio, en la declaración patrimonial en la Secretaría de la Contraloría General, presentada en 2020 y correspondiente al ejercicio de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, la funcionaria expuso que al año tuvo un ingreso de un millón 324,021 pesos. Es decir, 110,335 pesos al mes. “Por lo que sumado a su ineficiencia y a las graves consecuencias que ha traído en lo que lleva del año, cobrando vidas de mexicanos, es necesaria su inmediata remoción e investigación”.

Por otra parte, es altamente preocupante que empresas que construyeron y fueron proveedoras de la Línea 12 del Metro también participan en otras obras del gobierno de esta Cuarta Transformación como el Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por los que pedimos se investigue el estatus de dichas obras antes de seguir operando.

Los diputados firmantes del punto de acuerdo: Marcela Torres Peimbert, Verónica Sobrado, Gloria Romero, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Ismael Sánchez y Alejandra García Morlán.

El Grupo Anticorrupción está integrado por las y los diputados de Acción Nacional: Marcela Torres, Juan Carlos Romero Hicks, Verónica Sobrado, Josefina Salazar, Ismael Sánchez, Patricia Terrazas, Jorge Arturo Espadas, Gloria Romero, María Eugenia Espinosa, Ernesto Ruffo y Ángeles Ayala.