Marcos Pérez Esquer.- Imagínese usted un partido de fútbol, en el que, de buenas a primeras, el dueño de uno de los equipos en contienda, decide usar ilegítimamente su poder económico y de fuerza, para expulsar al árbitro y colocarse él mismo en esa función. Imaginemos a un Emilio Azcárraga, por ejemplo, propietario del Club América, como árbitro de un clásico América-Chivas, o a un Jorge Vergara, dueño de las Chivas del Guadalajara, arbitrando un partido Chivas-Pumas, ¿qué podría pasar?

Pues eso es exactamente lo que pretende el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al plantear la eliminación del INE. Eso es lo que pretende porque no cabe duda de que él es el dueño de uno de los equipos en contienda, Morena. El presidente busca acabar con el árbitro electoral y que sea el propio gobierno que él encabeza el que organice las elecciones y dirima las diferencias.

Pero esto ya sucedió antes en México precisamente cuando aún no se creaba el IFE (antecesor del INE), que ocurría que la Secretaría de Gobernación conformaba una Comisión Federal Electoral encabezada por supuesto por el propio Secretario, y que se encargaba de todo el proceso, desde administrar el padrón electoral, organizar la jornada, imprimir actas y boletas, realizar escrutinio y cómputo, etc.

A la postre, eso fue justamente lo que llevó al fraude de 1988 conocido como “la caída del sistema”, en la que el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, ahora flamante Director General de la Comisión Federal de Electricidad, se encargó de “asegurar” el triunfo de Carlos Salinas de Gortari.

El sistema político había llegado a un grado extremo de descomposición, en el que los fraudes electorales previos a 1988 habían venido calentando el ambiente político hasta que, en ese año, la “caída del sistema” puso las cosas en ebullición. Como ejemplo de algo que sucedía a lo largo y ancho del país, basta recordar, a guisa de ejemplo, el fraude electoral ocurrido en nuestra tierra allá por 1985.

Mi papá, Don Guillermo Pérez Díaz, era candidato a alcalde de San Luis Río Colorado, después de una muy exitosa gestión del alcalde Fausto Ochoa Medina en la que mi padre había sido factor clave. El triunfo estaba asegurado, no había duda de ello. Sin embargo, el gobierno federal decidió que no permitiría el avance que el PAN había venido teniendo en muchos municipios del país, y sí, lo frenó de golpe. Yo era casi un niño, pero recuerdo como su hubiese sido ayer, que el día de la jornada, las urnas (que a la sazón eran de madera, no transparentes) llegaron ya llenas de votos a favor del PRI. Alguien, en una de las filas que se formaron antes de la apertura de las casillas, notó algo raro, al moverlas y acomodarlas las urnas hacían cierto ruidito, así que resolvió romper una, y ¡eureka!, aparecieron cientos de votos pre-depositados; era lo que se conocía como “urna embarazada”. Ese era solo uno de los tipos de fraude que se implementaban, a veces simultáneamente. La voz se corrió por todo el municipio y antes de iniciar la jornada electoral, cientos o miles de urnas embarazadas fueron detectadas y reventadas.

El gobierno federal mandó al Ejército a recoger las urnas; con el prestigio del que goza el Ejército, por momentos creímos que venía a poner orden y hacer justicia, pero no, llevó las urnas reventadas a la autoridad electoral para que se hiciera el cómputo; y se hizo.

La gente enardecida se manifestaba, quemaba patrullas de la policía municipal, los gases lacrimógenos cubrían las inmediaciones de la Comandancia, la prensa internacional anonadada, la nacional callada; pero nada valió; el fraude burdo, evidente, a la vista de todos, se había consumado.

A ese México quiere volver López Obrador; recordemos que él viene de ese PRI y que se llevó a Morena a esos perfiles priístas, empezando por el propio Manuel Bartlett. Espero que no sea a este impresentable a quien quiera encargar las futuras elecciones.

Afortunadamente, el fraude de 1988 detonó la creación de ese ente autónomo que hoy es el INE y que se ha construido un enorme prestigio. No en balde la gente cree más en el INE que en el propio presidente, 68% versus 58%. Y claro, quién puede seguir confiando en el presidente cuando reportes de la organización “Signos Vitales”, revelan que López Obrador emite en cada “mañanera” un promedio de 80 mentiras y datos inexactos. Definitivamente no es gente de fiar.

Acabar con el INE es acabar con la democracia. Nuestra generación habría sido la última en ver elecciones medianamente libres en México. Con todos sus defectos, defender al INE es un imperativo moral.